Bajo la apariencia de uno de esos juegos de mesa con letras o palabras, el oficialismo apela a siglas como MSCI o FMI, y las convierte en las soluciones mágicas que aliviarían el derrumbe de los negocios.

La recategorización del Índice MSCI de Argentina en una jerarquía superior, junto al acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional (FMI), conforman la artillería para combatir la supercrisis, según reza el discurso gubernamental y su réplica en boca de "especialistas".

Vale la pena entonces, detenerse a analizar los alcances que podrían tener tales eventos.

El discreto encanto de ser "emergentes"

Derivada de la antigua sigla de "Morgan Stanley Capital Investor", MSCI Inc. no es otra cosa que una compañía privada que, como muchas otras, se especializa en el "asesoramiento de cartera" a sus clientes, principalmente, fondos de inversión.

Entre sus productos, se destacan los índices con los que monitorea a los mercados de capitales de alrededor de 80 naciones. De ellos, el que utiliza para medir la performance del de nuestro país, se basa en el seguimiento de diez compañías argentinas.

A su vez, los mercados nacionales (y los índices que los representan) son periódicamente calificados, en las categorías de "desarrollados", "emergentes" o "de frontera", dependiendo de la evaluación que la empresa realiza sobre las condiciones en las que ellos se desempeñan, de acuerdo a criterios tales como la apertura hacia el capital extranjero, su facilidad de movimiento en los flujos de ingreso y egreso al país, como así también la eficiencia y la estabilidad de los marcos operativo e institucional.

Es importante subrayar que, finalmente, se trata de la forma en que una empresa privada aprecia el funcionamiento de los mercados de valores de un país, y que no está sujeta a mayores regulaciones que las del "buen hombre de negocios, que con su plata hace lo que quiere".

Sirve esta aclaración para distinguir entre la relevancia que presentan las evaluaciones de los organismos multilaterales de crédito, sujetos a las normas y el control que sus Estados miembro le imponen, vis a vis con las de una compañía privada que otorga credenciales de acuerdo a su entender y conveniencia.

Pero más importante que eso, es calibrar adecuadamente cuál es el impacto de la decisión de esa empresa.

Aun asumiendo como cierto que la recategorización aumenta la demanda de las acciones promovidas, no podemos abstraernos del hecho que los proyectos de inversión en la economía real dependen de la tasa interna de retorno (TIR) esperada.

Ejemplificando, imaginemos que JB es un accionista relevante de una de las compañías de oferta pública argentina que reúne las condiciones de elegibilidad y que, dado el aumento en los precios de las acciones a partir de la demanda plus que generaría dicha recalificación, podría tomar la decisión de desprenderse de una cierta cantidad de sus tenencias.

El resultado es evidente: JB obtuvo fondos líquidos que puede tanto gastar como invertir. En este último caso, privilegiar una inversión en la economía real por sobre una de cartera, implica que la evaluación de su proyecto debe presentar un retorno que supere a las que ofrece el Sistema Financiero Ampliado (SFA), hoy conducido a ser "especulativo-rentístico" por las malogradas decisiones económicas del actual oficialismo.

Lo propio sucede mirado desde la compañía. Suponiendo que, por la demanda extra, el directorio sugiere y la asamblea de accionistas acepta realizar una ampliación del capital (y que la mayor oferta no provoca un descenso en el precio de las acciones), ello le permitiría acceder a nuevos fondos de alta liquidez. Pero, también en este caso, la posibilidad de su aplicación en la economía real dependerá de la relación entre los rendimientos del proyecto versus los de las inversiones financieras.

Es decir que, ya sea desde el punto de vista de los accionistas o del de las compañías, no hay incentivos para la inversión productiva, en tanto siga siendo imposible encontrar proyectos cuyos rendimientos superen a los que ofrece el SFA.

¡No desvíen los fondos!

A lo antedicho, se suma que la tensión entre los niveles del tipo de cambio y de las tasas de interés vigentes (que operan como una trampa mortal para el funcionamiento de la economía real), resultó hasta ahora irresoluble.

Ni siquiera el acuerdo con el FMI atenuó esta situación.

En precedentes artículos, hemos dedicado atención tanto a las limitaciones del instrumento ante la magnitud de los problemas, como a la dudosa factibilidad de las metas comprometidas para su materialización ("Llegó la supercrisis. Evitemos la hipercrisis", BAE Negocios, 14/6/18; "Persiguiendo su propia sombra", BAE Negocios, 4/6/18).

No obstante, en esta instancia, es otra la principal de las preocupaciones que queremos expresar.

La mayor zozobra es la que se funda en la conducta gubernamental de desviar los fondos obtenidos mediante el acuerdo Stand-By con el organismo multilateral, hacia la contención de la suba del tipo de cambio, como viene haciendo el BCRA por mandato del Ministerio de Hacienda, a través de las subastas diarias de cifras millonarias de dólares, que inicialmente alcanzaban los 100, pero se ampliaron considerablemente la semana que pasó.

Esta acción no se correspondería con lo estipulado en el Memorandum de Políticas Económicas y Financieras (que el gobierno remitiera al FMI y funge como base del contrato de mutuo suscripto) donde el BCRA se comprometió a publicar, pero recién en setiembre, una regulación para introducir un mecanismo de subasta de divisas en los mercados de contado y de futuro.

Aunque el acuerdo contempla que la mitad del primer desembolso (U$S7.500 millones) pueda utilizarse como auxilio fiscal, quedan dudas acerca de si el oficialismo está respetando los compromisos auto impuestos.

Pareciera que no. Así se activa no sólo la severa amenaza de default de los bonos soberanos que señalamos la semana pasada ("Saltandode la sartén al fuego", BAE Negocios, 26/6/18), sino la de un riesgo superior: el de incumplimiento con el mismo FMI.

En ese caso, las consecuencias serían nefastas e incontables, no sólo para el actual Gobierno, sino también respecto de sus sucesores, dado que la salida de la actual supercrisis se expresará mediante otros equilibrios macroeconómicos, que requerirán del sistema multilateral de crédito, a fin de aliviar ciertas restricciones durante la recuperación.

Recordemos cómo, en el período de contingencia desde el 23 de diciembre de 2001 al 25 de mayo de 2003, se sostuvieron los compromisos preexistentes con los organismos internacionales y se concertaron nuevos créditos. Ello incluye al último antecedente de acuerdo Stand-By, cancelado en enero de 2006, cuya renegociación fue suscripta en setiembre de 2003.

La alianza Cambiemos dejará un país económicamente desquiciado y, para atemperar sus consecuencias, se requerirá disponer de todas las herramientas posibles.

Por favor, no las rompan...

*MM y Asociados