El Gobierno nacional se encamina a asegurarse antes de marzo la adhesión de prácticamente todas las provincias al Pacto Fiscal firmado en noviembre. Las gobernaciones que ya se sumaron al consenso fiscal pondrán en marcha de inmediato cambios en sus regímenes de Ingresos Brutos, que serán compensados parcialmente con impuestazos inmobiliarios. Quedan aún cuatro distritos fuera del acuerdo federal, Chubut, La Pampa, Jujuy y Santiago del Estero, estos dos últimos con posibilidades de aprobarlo en sus legislaturas esta semana. San Luis, por su parte, no firmó el consenso. Estas cinco provincias concentran un tercio de los juicios ante la Corte Suprema contra la Nación por reparto de fondos.

Santiago del Estero y Jujuy tienen tres expedientes y La Pampa cuenta con dos juicios

La semana pasada el parlamento mendocino dio el visto bueno al pacto fiscal, que según fuentes provinciales tendrá un impacto fiscal por la reducción de alícuotas de Ingresos Brutos de 700 millones de pesos. La provincia además recuperará 120 millones de pesos del Fondo Federal Solidario de la soja que dejó de percibir por la demora en la adhesión. En los últimos días provincias como Corrientes, San Juan, La Rioja y Santa Fe pasaron el consenso fiscal por sus legislaturas locales, por lo que entre las gobernaciones firmantes del pacto, quedan cuatro que aún no consiguieron la adhesión: Santiago del Estero, Jujuy, La Pampa y Chubut.

La provincia patagónica es la que tiene un contexto local más ríspido para lograr la aprobación parlamentaria. El Frente para la Victoria exigió al gobernador Mariano Arcioni reclame como condición para apoyar el pacto la recuperación de un punto porcentual en la coparticipación secundaria entre provincias. Con ese punto, argumenta el kirchnerismo, la provincia recibiría 5.100 millones de pesos adicionales. Chubut, además, es una de las provincias con situación fiscal más comprometida. A fines de enero el gobernador chubutense anunció que buscará refinanciar algunos de sus títulos públicos (aunque primero lo explicó como una reestructuración, lo que alarmó al mercado durante varias horas y hundió a los bonos provinciales).

Más allá de que la adhesión de provincias es casi total, ya que lo hicieron 19 de 24 distritos, de los 56 juicios iniciados por gobernaciones que el Gobierno nacional tiene en su contra en la Corte Suprema, un tercio aún se mantienen firmes, ya que las provincias que firmaron se comprometieron a retirar esas demandas. Sucede que tanto San Luis (que ni siquiera firmó el consenso fiscal) como Santiago del Estero, La Pampa y Jujuy concentran 18 acciones judiciales emprendidas contra la adminstración nacional por cuestiones de reparto federal de fondos. La provincia puntana mantiene firme diez juicios, mientras que Santiago del Estero y Jujuy poseen tres cada una y La Pampa acudió dos veces al alto tribunal. El Gobierno nacional había calculado que el costo total de los 56 juicios de provincias equivalían a unos 340.000 millones de pesos.