Argentina sigue sumando juicios en tribunales internacionales. Los últimos conocidos son los que iniciaron las multinacionales MetLife y la ex AJFP Orígenes, del grupo holandés ING, por 500 millones de dólares por la estatización del sistema jubilatorio de 2008. Así, la Argentina encabeza el ranking de países de América Latina y el Caribe que más demandas acumula de inversores extranjeros en tribunales internacionales. En total, son 61 juicios que tiene que enfrentar el Estado.

Según el reciente estudio "Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe", realizado por la fundación Trasnational Institute (TNI), una ONG formada por académicos de distintos países, Argentina está en el primer lugar de países demandados de la región. Luego continúa Venezuela, que acumula 49 demandas, México 31, seguido de Ecuador con 25, Bolivia con 17 y Perú con 15, entre los países con más juicios.

Argentina enfrenta 61 demandas, y la sigue Venezuela con 49 procesos judiciales

El estudio analiza las demandas iniciadas desde la década del 90 en los países del continente que firmaron distintos tratados internacionales de protección a las inversiones extranjeras (Tratados de Protección de Inversiones).

Estos acuerdos "otorgan a los inversionistas derechos sin precedentes, incluyendo el de demandar a los estados en tribunales internacionales cuando consideran que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por las acciones de los gobiernos", destaca el informe al que accedió BAE Negocios y que fue realizado por el equipo de investigación del TNI, conformado por Luciana Ghiotto, Cecilia Olivet y Bettina Müller.

Las demandas a los Estados crecieron de manera significativa. En 1995 había tan sólo 6 casos conocidos bajo estos tratados. El primero en la región fue en 1996 y se inició en Venezuela. En la actualidad hay 942 en todo el mundo, de los cuales 267 (28,3%) son en países de América Latina y el Caribe y la Argentina está al tope con 61 juicios.

"Entre 2003 y 2010 hay un estallido de demandas, de los cuales la gran cantidad son en Argentina y puntualmente en el sector de servicios públicos", explicó Luciana Ghiotto, que es politóloga e investigadora del Conicet y profesora de la Universidad de San Martín. Un dato que llama la atención en este período es que sólo en el año 2003, de las 25 demandas realizadas a países de la región, 20 correspondieron a Argentina.

La investigadora remarcó que "la mayoría corresponden al período posterior a la crisis de 2001, que es cuando se deroga la ley de convertibilidad y se congela las tarifas de los servicios públicos. Estas empresas, principalmente en manos extranjeras, vieron mermada su capacidad de ganancias por la pesificación y porque no pudieron actualizar las tarifas".

Según Ghiotto, la imposibilidad por parte de las empresas de dolarizar las tarifas o de descongelarlas "incrementó la presentación de demandas ante los tribunales internacionales".

Entre 2003 y 2006 la Argentina recibió 35 demandas de inversores extranjeros en el sector de servicios públicos. Los principales demandantes de la Argentina en este período son empresas o fondos de inversión provenientes de Italia, España y Francia.

En el segundo período, posterior al 2010 según el informe, las demandas a la Argentina se diversificaron hacia otros sectores, entre los cuales se destaca principalmente el de petróleo, gas y minería. Luego siguen demandas de los sectores de manufacturas, actividades financieras y de seguros, información y comunicación, construcción, transporte, entre otros.  

De las 61 demandas que recibió el país, 45 fueron resueltas en los tribunales internacionales, como por ejemplo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial. De esas 45 demandas, en 40 el resultado fue negativo para el Estado argentino, que ya tuvo que afrontar alrededor de 9.000 millones de dólares. En cambio, los juicios resultaron favorables para la Argentina en tan sólo 5 oportunidades. Esto significa que del total de demandas hacia la el país, el 88,9% fueron decididas en favor de los inversores y el 11,1% en favor del Estado.

Según la consultora Fin Guru, sumando los juicios por los holdouts (US$ 9.600 millones), el juicio por la reestatización del 51% de las acciones de YPF y todas las casos en el CIADI, entre otros tribunales, la Argentina tiene que afrontar demandas por 20.000 millones de dólares.

Luego del de los holdouts, el más resonante es el de YPF, donde la Argentina ya desembolsó más de 5.800 millones de dólares y aún persisten demandas en los tribunales de Nueva York.

A fin de mayo también se conoció que el CIADI resolvió a favor del grupo Marsans (que a su vez vendió parte del juicio a otros fondos de inversión) por la estatización de Aerolíneas Argentinas producida en 2008, condenando a pagar al Estado más de 320 millones de dólares. "El denominador se explica en la incomprensión por parte de los gobiernos de los países del continente en los años 90 que firmaron tratados para atraer inversiones sin medir las consecuencias normativas a futuro", explicó Luciana Ghiotto.

En los últimos años la región está afrontando una segunda oleada de demandas en tribunales internacionales. en este sentido, la investigadora resaltó que "el nuevo boom de las demandas en los países de la región se explica en los intentos de los gobiernos de la región de realizar algunas modificaciones contractuales de los acuerdos firmados, sobre todo en temas ambientales e impositivos". Según la profesora de la UNSAM, estos intentos de los gobiernos, entre los cuales se encuentra la Argentina, despertaron más demandas de los inversores extranjeros.

Por último, Ghiotto destacó que "el crecimiento de las demandas hoy es la consecuencia de la firma de los tratados de años anteriores".

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