Argentina apeló durante los últimos meses todas las sentencias en contra que había recibido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal que depende del Banco Mundial. Se trata de los juicios que iniciaron contra el país Teinver por la estatización de Aerolíneas, Suez por la falta de actualización de las tarifas en el servicio de agua y cloacas en Santa Fe, la alemana Hochtief por la construcción de un puente y camino para unir Rosario y Victoria, y la estadounidense Mobil Exploration por la política petrolera implementada a partir del 2001.

A estos casos se suman otros cuatro pendientes de resolución en el Ciadi: el de la ex AFJP de origen norteamericano Metlife por la expropiación de los fondos en 2008, la de la española Abertis por el atraso en los peajes, la de Casinos Austria por la revocación de una concesión en Salta, y la de Salini Impregilo por el mismo camino por el que inició la demanda Hochtief.

Así se desprende del último informe que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, presentó ante el Senado la semana pasada.

Según el documento, "el 23 de marzo de 2018 el Tribunal emitió una decisión sobre suspensión, mediante la cual hizo lugar al pedido de Argentina de suspensión de la ejecución del laudo" en la causa por u$s157 millones más intereses que inició Hochtief, por la que el país fue condenado a abonarle u$s13,4 millones.

Los pedidos para anular los laudos es una estrategia habitual para la Procuración del Tesoro, el órgano encargado de lidiar en los tribunales internacionales.

En el caso de Teinver, el 21 de julio se había obligado al Gobierno a desembolsar u$s320 millones más intereses por la estatización de la aerolínea de bandera, pero el 17 de noviembre los representantes del país solicitaron su anulación, actualmente en trámite. La demanda era por casi u$s1.600 millones.

La otra con sentencia era Suez, que reclamaba u$s253 millones, el fallo la favoreció con u$s225 millones, pero ahora tiene el proceso de anulación "en trámite".

El documento puntualiza que además de los juicios en los tribunales del BM, hay tres en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), y otro en arbitraje por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Por otro lado, por acuerdo de las partes hay dos arbitrajes suspendidos momentáneamente en el Ciadi luego de los tarifazos en la energía, como parte del acuerdo del Gobierno con las empresas del sector: las que habían comenzado la estadounidense AES y la italiana Camuzzi. También están suspendidos los de Enron, Gas Natural SDG y Unisys Corporation. La misma situación ocurre con una demanda del Santander en el ICC de la OMC.

Hasta ahora, el único arbitraje terminado es el que se originó por la construcción de la cárcel de Ezeiza, por la que el Gobierno le pagará con bonos en pesos a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Techint, Impregilo e Iglys. El monto del reclamo de la obra realizada durante la Convertibilidad, era por $105 millones más intereses, a partir del 30 de junio de 2008. El acuerdo había sido celebrado en noviembre de 2011 y la UTE acordaba la pesificación del canon y la aplicación del coeficiente CER.

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Ignacio Ostera

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