La inflación en Argentina es un fenómeno crónico de larga data, pero la política económica de los últimos tres años, en perspectiva histórica y considerando el cambio de las condiciones estructurales de la economía internacional, la está llevando a un escalón no mucho menos grotesco que el de la híper de fines de los años 80 y principios de los 90.

Nuestra economía, con una inflación que, a nivel interanual, ya alcanza el 54%, dado que en marzo rondó el 4,2%, es sólo superada por la crítica situación de Venezuela y por dos países africanos extremamente pobres, Sudán y Sudán del Sur. Este último, duramente afectado por guerras y escasez de agua, es el segundo más pobre del mundo con un PBI per cápita de apenas 275 dólares, muy cerca del último puesto que lo ocupa otro africano, Burundi (263 dólares). En tanto, Sudán que, hasta 2011 controlaba el territorio de Sudán del Sur, también posee una economía pobre y conflictiva; de hecho, las duras protestas por su muy elevada inflación y desigualdad distributiva, entre diciembre y enero últimos, generaron 30 muertos.

A pesar de la alta volatilidad característica de nuestra economía, no abundan los periodos iguales o peores que el del último año. De acuerdo a las estadísticas del Indec desde el año 1943 y las mediciones alternativas a la oficial nacional, medianamente reconocidas para el período 2007/2015, como las de los institutos provinciales, CABA, consultoras privadas e IPC-Congreso, la inflación fue solamente más alta que la actual en 1959 (114%), en 1972 y 1973 (58% y 60%, respectivamente) y desde la segunda mitad de los años setenta, a partir de "El Rodrigazo", y hasta 1991.

Es absurdo que el Gobierno argumente que está normalizando la economía

No obstante, en esos años, los problemas inflacionarios eran mucho más comunes mundialmente y, en especial, a nivel Latinoamericano. Quien buscaba un país para invertir, en general, debía contemplar en su plan de negocios la incertidumbre por los dañinos efectos de la inflación y, Argentina, en ese sentido, a excepción de la hiperinflación del final del gobierno de Alfonsín y del inicio del de Menem, no representaba un caso fuera de lo normal. Otro fenómeno, estrechamente asociado a la inflación, lógicamente, es la inestabilidad cambiaria. También deberíamos remontarnos hasta la etapa previa a la Convertibilidad para hallar un lapso tan largo y volátil en materia cambiaria. La mega devaluación de 2002 generó inestabilidad cambiaria por solo un semestre y ahora el país la viene sufriendo desde hace un año y no hay perspectiva de que el gobierno deje de agravarla en el corto plazo.

Ante este panorama, es absurdo que, siendo la inflación una variable central de la economía que afecta el nivel de vida de toda la población y la actividad económica general, uno de los principales argumentos de campaña del gobierno sea que está normalizando a la economía, sobre todo cuando su prioridad supuestamente era "Pobreza Cero" y la forma para alcanzarla era bajando rápidamente la inflación. Sin embargo, el mes anterior a la asunción de Cambiemos, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires indicaba que la inflación de su distrito era del 23,9% y el IPC Congreso advertía que, a nivel nacional, era del 25,4%, bastante menos de la mitad que la de los últimos 12 meses.

De todos modos, si por normalizar la economía el gobierno se refería a asemejarlo al resto de los países de la región no necesariamente en términos de inflación, lo está consiguiendo en muy buena medida. Una de las cualidades más distintivas de nuestro país es la capacidad de negociación de los trabajadores para no perder empleos y mejorar su calidad de vida. El nuevo golpe que está sufriendo la industria, principal usina de empleos formales de calidad (hasta el inicio del actual mandato, representaba un quinto del empleo registrado asalariado privado formal con una remuneración que era en promedio un 20% mayor que el resto), erosiona la posibilidad de respuesta de los trabajadores. En el mismo sentido, la estructura productiva se vuelve menos diversificada y sofisticada, pero más concentrada y extranjerizada y con trabajadores con menos derechos laborales, igual que en el resto de los países de la región.

Evidentemente, la normalización que el gobierno busca va en esa dirección y el costo necesariamente es un nivel inflacionario alto que permita la profunda transformación distributiva y productiva requerida.

Las nuevas condiciones de la economía global, países mucho más abiertos al intercambio comercial y financiero y con menores costos de transporte y muy fluidas telecomunicaciones, y asociaciones obreras mucho más débiles que en los años 80 para defender sus derechos impiden que el conflicto distributivo, expresado en el ascenso de la inflación, llegue a los niveles de los años 80.

En suma, si bien por la magnitud de la asimetría entre el nivel inflacionario local y los internacionales no nos estamos convirtiendo en un "país normal", por la acelerada regresión distributiva y degradación productiva, el gobierno cumple parte de la pretendida normalización de la economía, en términos de lo peor de las economías Latinoamericanas.