En una jornada en que se debatieron varios proyectos, Diputados aprobó ayer la ley de mercado de capitales, que permitirá a las pymes financiarse a tasas más competitivas, entregando sus facturas como garantía de crédito y ser vendidas a través de bancos o en el mercados. La nueva norma le da a la Comisión Nacional de Valores el rol de autoridad de aplicación, por lo que será la encargada de establecer los procedimientos de negociación y transmisión de esta facturas. La ley también deroga la facultad de la CNV para intervenir en empresas y designar veedores. También promueve la securitización de las hipotecas. El proyecto girado al Senado es clave para que Argentina pueda ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En una jornada maratónica en la que se aprobaron las reforma de la Ley de Defensa a la Competencia y la de mercado de capitales (y donde aún faltan debatir las leyes de Compre Nacional y de Subrogancias), la Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado el proyecto de reforma a la ley de mercado de capitales, que busca crear nuevas herramientas para financiar a las pymes, como la emisión de facturas de crédito que podrán serán vendidas en los bancos o mercados de capitales y apuntalar el mercado de hipotecas.

La norma es una de las pedidas por la OCDE para que Argentina corrigiera su regulación en materias de mercados, y que ya rige en dos países que integran la organización, Chile y México, y en un tercero que quiere ingresar y está haciendo los deberes a pasos agigantados: Brasil.

La iniciativa fue aprobada en general con el voto positivo de 136 legisladores de los bloque Cambiemos, Justicialista y Frente Renovador, y algunas bancas provinciales, y recibió 65 votos en contra de diputados del Frente para la Victoria y de la izquierda.

El proyecto impulsado por el Gobierno establece que las facturas que emitan las pymes por la venta de sus productos y servicios puedan ser aceptadas o conformadas automáticamente pasados los 30 días, posibilitando que puedan ser vendidas a través de bancos y/o en el mercado de capitales.

Esto le permitirá a las pymes acceder a crédito a tasas más competitivas, ya que el riesgo crediticio de la factura está asociado al deudor de la factura y no a la pyme.

También determina que la autoridad de aplicación y la Comisión Nacional de Valores establecerán los procedimientos de negociación y transmisión de esta facturas, pudiendo limitarlos a medios electrónicos.

Por otro lado, el proyecto estipula que “será nula toda prohibición de endosar, ceder, negociar y/o transferir las facturas de crédito electrónicas mipymes, tanto para quien las acepte como para los sucesivos adquirentes”.

Otro punto clave es el que propone derogar la facultad de la CNV para intervenir en empresas y designar veedores con poder de veto respecto de las decisiones del directorio de dichas empresas, como lo establece el artículo 20 de la ley actual, una de las normas más objetadas por las empresas.

En cuanto al desarrollo del mercado hipotecario en la iniciativa se propone que las letras hipotecarias y pólizas de seguro sean ajustables por CER y se introducen una serie de herramientas para facilitar el fondeo de los bancos que otorgan las hipotecas.

  • Ley antimonopólica tendrá figura del arrepentido

La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto de reforma de Defensa de la Competencia, que incorpora la figura del arrepentido como una nueva herramienta legal para combatir las prácticas monopólicas por parte de las empresas y crea un Programa de Clemencia para este tipo de situaciones.

La iniciativa fue aprobada en general, con 140 votos a favor y 72 en contra. En la ley se incluyó un artículo en el que se crea una comisión redactora de un futuro proyecto de ley sobre góndolas integrado por representantes del Ministerio de la Producción, de la Comisión de Defensa de la Competencia y del Congreso, que deberá hacerlo en un plazo de 180 días.

En tanto, el Programa de Clemencia -incluido en la iniciativa- es una norma destinada a detectar la presunta conformación de carteles entre las empresas y que permitirá morigerar las penas a las personas que aporten pruebas que permitan sancionar a las empresas o directivos que actúan para tal fin, entre otras cuestiones.

Un punto importante de la norma es que prevé eximir de una sanción al primer potencial integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias que permitan detectar un emprendimiento de ese tipo.

Otra cuestión clave es la modificación de la tasa de unidad que se empleaba para calcular el monto de las multas: se estableció que las multas tendrán un tope de $4.000 millones equivalente a 200 millones de Unidades Móviles y de 100 millones Unidades para pedir autorización para una fusión, con lo cual se ubicará en $2.000 millones.