Las cooperativas son empresas gestionadas democráticamente por sus usuarios, cuyo objetivo no es la retribución al capital, sino garantizar el acceso a los servicios en condiciones de equidad y transparencia. Para ello requieren un tratamiento tributario acorde a su naturaleza.

Sin embargo, los artículos 23 y 24 del proyecto de reforma tributaria del Gobierno incluyen dentro del pago del impuesto a las Ganancias cooperativas y mutuales que realizan actividades financieras o de seguro.

Las entidades ya tributan para el Fondo de Educación

El objeto de las cooperativas es brindar servicios a los asociados, que pagan un precio estimativo que solo busca cubrir los costos del servicio recibido. En caso de que el precio cobrado al asociado supere ese valor, el sobrante es devuelto al asociado en concepto de excedente repartible.

En caso de excedentes no generados por servicios brindados a los asociados, los mismos pasan a integrar el patrimonio de la cooperativa en calidad de reserva irrepartible, que nunca puede ser distribuida entre los asociados bajo ningún concepto. El capital aportado por los asociados sólo puede ser compensado mediante un interés que es legalmente limitado y que únicamente puede surgir de los excedentes repartibles.

En caso de disolución, el sobrante patrimonial se destina al Estado, con lo que las reservas irrepartibles no pueden ser distribuidas entre los asociados ni siquiera disolviendo la entidad. Representan, en realidad, un derecho en expectativa del Estado, circunstancia que no se da en ningún otro tipo de organización económica.

Los asociados pagan impuesto a las ganancias sobre los excedentes recibidos de la cooperativa. Incluso por aquellos excedentes que son capitalizados en la misma. En definitiva, el asociado paga ganancias por capital que integra en la cooperativa, en beneficio del conjunto de los asociados y de la comunidad.

Además, estas entidades ya tributan anualmente un impuesto sobre su capital, en concepto de Contribución Especial destinada al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. Asimismo, desde el movimiento cooperativo siempre se ha señalado que el tratamiento de exención que da actualmente la ley del impuesto a las ganancias es incorrecto.

En realidad, lo que debería reconocerse es la no sujeción, en virtud de la no existencia del hecho imponible. Esta adecuación no tendría ningún impacto fiscal pero simplificaría aspectos administrativos y ajustaría el tratamiento a la naturaleza jurídica de estas entidades.

Por eso, de ser aprobada en el Congreso sin modificaciones, la iniciativa del Gobierno generaría un enorme perjuicio para entidades que, justamente, no tienen fines de lucro.
 

*Presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop)
Especial para BAE Negocios