El Gobierno publicará hoy el decreto regulatorio de la primera subasta para definir el precio mayorista del gas destinado a usuarios residenciales que se realizará este jueves y viernes, y será clave para definir el tarifazo que se aplicará en abril. La principal novedad será el cambio del plazo de pago de las distribuidoras a las petroleras de los actuales 75 a 65 días, lejos de los 30 días propuestos originalmente. Así, sigue latente el riesgo de desfasaje ante una eventual corrida cambiaria debido a la dolarización del precio del gas, que podría dar lugar a un tarifazo adicional.

La subasta de esta semana definirá el precio mayorista del gas, que representa el 60% del monto final que se plasma en las facturas. Ya no será el Estado el que fije el incremento, sino que lo dejará librado a los propios actores del mercado sectorial. Como el resto de los componentes de la factura (el precio de transporte, de distribución y los impuestos) sí los seguirá determinando el Gobierno, la compulsa empezará a definir el aumento final, que regirá desde abril hasta septiembre. En octubre, habrá un segundo tramo del tarifazo que tendrá vigencia durante el "semestre de verano".

Por el momento, se espera que la suba sea del 35%, tal como anunció Javier Iguacel un día antes de salir eyectado de la Secretaría Energía. Sin embargo, uno de los principales colaboradores de su reemplazante, Gustavo Lopetegui, le confió a BAE Negocios que esperan que el porcentaje sea menor: "Todo dependerá de lo que pase en la compulsa. Si los precios son los que prevemos y que hemos estado tanteando en el mercado, esperamos que ronde el 30%".

Sin embargo, las distribuidoras esperan que el alza sea mayor para compensar la suba menor a la inflación mayorista (que ellas utilizan como parámetro) que recibieron en octubre pasado. Con todo, el gas acumuló entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018 un alza del 1.752%, según los cálculos de la Universidad Nacional de Avellaneda en base a datos oficiales. De confirmarse el 35% para abril, el aumento acumulado llegaría al 2.401%.

Riesgo corrida

Como adelantó este diario, el Gobierno decidió en los últimos días dar marcha atrás en su propuesta inicial para la reducción del plazo de pago del gas mayorista. Energía cedió a la presión de las distribuidoras y desistió de recortarlo de los actuales 75 días a 30 días, como pretendía en la propuesta original para evitar desfasajes en caso de devaluación (que las distribuidoras paguen facturas que tenían implícito un dólar más barato). Eso mismo ocurrió el año pasado, cuando las petroleras reclamaron una deuda de las distribuidoras de unos $20.000 millones, que el Ejecutivo buscó trasladar en 24 cuotas a los usuario pero, ante el repudio generalizado, finalmente debió cubrir desde las arcas públicas.

Iguacel anunció en diciembre que la suba sería del 35% pero ahora esperan que sea menor

Un riesgo que ahora seguirá latente en un año electoral que amenaza con presionar fuerte sobre el tipo de cambio. Sólo que esta vez, con el faro del déficit cero y la custodia permanente del Fondo Monetario Internacional, no será fácil que el Gobierno pueda volver a hacerse cargo de esa deuda privada. En tal caso, reintentar el tarifazo retroactivo que ya fracasó en 2018 cobrará fuerza.

La decisión de Lopetegui de achicar el plazo a 65 días significó asumir ese riesgo para evitar el costo político seguro que implicaba la otra alternativa que tenía en carpeta. Es que, al reducir el plazo de pago a las petroleras a 30 días, las distribuidoras necesitarían financiar unos $9.500 millones, ya que ellas les cobran a los consumidores finales 60 días después de la entrega del servicio. El plan original de Energía era trasladar ese costo financiero a los usuarios. Al acortar sólo 10 días el plazo el Gobierno logró evitar ese tarifazo extra, pero no pudo librarse de la puja que desataría una corrida por el desfase de los precios mayoristas.