Las constructoras advierten que el Gobierno acumula una deuda con el sector por atraso en los pagos en torno a los $50.000 millones y agitan el fantasma de unos 200.000 despidos entre puestos registrados e informales si no se regulariza la situación.

Fuentes del rubro señalaron a BAE Negocios que al mismo tiempo los empresarios negocian a contrarreloj para lograr presentar una lista de unidad de cara a la elección de autoridades en la Cámara, mientras que incluso se habla de postergar los comicios hasta marzo.

De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), hasta octubre el Gobierno había devengado solamente el 38,1% de la inversión real directa prevista en la ley de leyes, ya que hasta el mes pasado se llevaban desembolsados $68.000 millones. En el texto original, el monto destinado a esa partida llegaba a apenas $87.000 millones, pero con la última modificación por decreto que reasignó recursos y giros por montos millonarios, se amplió casi 91% a $179.000 millones.

"Esto explica el bajo nivel de ejecución registrado a finales de octubre", consideró la OPC, que destaca que el refuerzo "se concentra en infraestructura de obras de transporte y en la construcción y mantenimiento de rutas en el marco del plan vial federal".

Esta ampliación de los fondos para hacer frente a las obras deja entrever que el Gobierno tuvo que incrementar los recursos para el sector ante la insuficiencia de lo que figuraba en el Presupuesto.

En ese sentido, el propio titular de la Cámara del sector (Camarco), Julio Crivelli, había denunciado en una conferencia de prensa que el Ejecutivo "tiene hoy muchas obras paralizadas y atrasadas, como consecuencia de demora en los pagos de seis a siete meses, especialmente en el sector de la obra pública".

A un mes de que finalice el mandato de Mauricio Macri, la entidad pidió declarar al rubro "en emergencia.

La pérdida de puestos de trabajo llega a unos 40.000 desde que se inició la crisis pero, al tratarse de una actividad con un fuerte componente informal, se estima que hay otros 40.000 despedidos no registrados. Así, si no se revierte la crítica situación actual los empresarios creen que podría estirarse a unos 100.000 solamente en el segmento que está en blanco, a los que habría que sumar otro tanto no registrado.

En tanto, las negociaciones para lograr una lista de consenso para las elecciones siguen al rojo vivo. "Están discutiendo y negociando las partes. Las conversaciones van a continuar", confiaron desde el sector a este medio.

Otras fuentes consultadas dieron por hecho que los comicios se postergarán para marzo "para asegurar la unidad" y que se irán incorporando consejeros de diversas empresas y una mesa en donde recaerá el diálogo con el Gobierno entrante, conformada por los dirigentes históricos de la entidad.

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