Un tweet del diputado oficialista Luciano Laspina disparó una polémica con la provincia de Santa Fe sobre un tema caliente: las tasas de Ingresos Brutos que cobran las provincias. Según denunció el legislador, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el gobierno de Miguel Lifschitz estaría preparando "un proyecto para subir Ingresos Brutos", algo que fue desmentido ayer ante este diario por la administración socialista de esa provincia.

Esta supuesta norma sería contraria, dijo Laspina, "a todo lo firmado y acordado en las inminentes leyes de Responsabilidad Fiscal (no subir ese impuesto) y el Pacto Fiscal (bajarlo sujeto a ciertas pautas). Quiero creer que es una broma", publicó ayer por la mañana por Twitter.

Sergio Beccari, secretario de Ingresos Públicos de la provincia salió al cruce por la misma red social. "En Santa Fe hay una comisión de análisis tributario provincial. Por ley se reunen representantes de todos los sectores y se consensúan las políticas fiscales año a año. Para 2018 estamos cerrando ese acuerdo en línea con el Consenso Fiscal de la Nación. En ningún momento estamos aplicando ningún incremento, se garantiza la estabilidad fiscal con el tema Ingresos Brutos", explicó horas después a BAE Negocios. Laspina no especificó a qué sector dentro de la industria se refirió puntualmente en su tweet, y no respondió las consultas de este diario al respecto.

En los últimos días funcionarios del gobierno santafecino mantuvieron reuniones con dirigentes industriales, según relató Beccari, "pero en ningún momento se habló de subas de alícuotas". Otras fuentes provinciales lo atribuyeron a "chicanas" del diputado, que fue segundo candidato a diputado nacional en las últimas elecciones legislativas por ese distrito.

Si bien Santa Fe realizó en los últimos años una readecuación de tasas, algunos sectores cuentan con tasas diferenciales, como las empresas cerealeras, que pagan el 0,25% de alícuota de Ingresos Brutos. En la Cámara de Diputados santafecina, incluso, hay un debate abierto para llevar esa tasa a niveles "normales" de la actividad industrial. Las cerealeras cuentan con un régimen especial a manera de promoción desde principios de la década del 90 durante la gobernación de Carlos Reutemann.

Este cruce entre la Nación y una de las provincias más grandes del país se dio días después de firmado el Consenso Fiscal, por el cual los gobernadores se comprometieron a llevar adelante distintas modificaciones tributarias locales, entre ellas la reducción paulatina de las tasas de Ingresos Brutos. El cronograma de reducción de alícuotas será de cinco años, según el texto del pacto fiscal, tras los cuales quedarán exentas las actividades primarias e industriales. El comercio, por ejemplo, mantendrá su alícuota general de 5%. Sobre este mismo tributo, además, los gobernadores firmaron "eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien", "desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios" y "establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor generado por retenciones y percepciones en seis meses".

De acuerdo al cronograma acordado con las provincias, la actividad agrícola, ganadera, caza, silvicultura, pesca y explotación minera deberá estar exenta de Ingresos Brutos a partir de 2020. Para el año próximo el techo de tasa será 1,5% y en 2019 a 0,75%. La industria manufacturera quedará eximida del tributo desde 2022 y tendrá topes en cada año de 2%, 1,50%, 1% y 0,5%. La única actividad que mantendrá su nivel de tributación sin cambios en los próximo cinco años será el comercio.

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Mariano Boettner

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