A 10 días de iniciado el año, el Gobierno nos ha anoticiado a las pymes - que vivimos del mercado interno - que quitará durante 2018 unos 500 millones de pesos de consumo popular, por los casi 11 mil despedidos de distintos organismos estatales. Se suma a eso, los ajustes en jubilaciones y asignaciones, y las transferencias millonarias por tarifazos a tres o cuatro empresas amigas de sus funcionarios.

A los amigos, hasta las migas. Esa es la consigna. Para los sectores populares,que concentran su consumo en el mercado interno, el ajuste será la marca distintiva de este año, según todas las señales que dejó ver el Gobierno. O por lo menos, hasta que una nueva campaña electoral se dispare.

Entre despedidos y contratos que se dejan caer, el Estado dejó ofi cialmente siningreso a unas 10.880 familias: los cesanteados en la provincia de Buenos Aires, los del Programa Nacional de Formación Permanente, los de Fabricaciones Militares, también en el Ministerio de Defensa, en Enacom, Senasa, Energía, Modernización, Ambiente, Jefatura de Gabinete, Presidencia, INCAA, TDA, Radio Nacional, etcétera. Casi no quedó área sin despidos. Sumado a los municipios bonaerenses de Quilmes, Morón, 3 de Febrero, La Plata y Lanús que también ajustaron su planta. Eso sin contar las numerosas grandes empresas que echaron personal y muchas pymes y cooperativas que quebraron.

Con un salario promedio de 20.000 pesos (que, de hecho, debe ser superior), estos despidos implican de por sí una pérdida anual de 2.611.200.000 de pesos para el mercado interno. Sin contar, claro está, los que no tuvieron prensa o los que no fueron informados y son parte de los despidos por goteo que caracterizan esta gestión. Todos esos ingresos, que desaparecen, también desaparecen del consumo popular, que es al fin y al cabo el sustento de las pymes argentinas.

Pero además de los despidos, el Gobierno ha decidido nuevamente impulsar una oleada de tarifazos que no es más que una transferencia de recursos a un puñado de compañías que ni siquiera presentan un plan de inversión sólido: si los trabajadores aumentaron sus ingresos en 2017 menos de un 20% y el boleto de colectivo sube un 66%, esa diferencia es sencillamente menos plata en la calle para consumir.

No es cuestión de advertir o anunciar una catástrofe. El Gobierno, su equipo económico, ya sabe los destinos del rumbo que decidió adoptar. Se trata, en verdad, de construir una fuerza productiva nacional que pueda detener, lo máximo posible, la enorme crisis que se está moldeando.

Presidente de la Asociación Pyme