De la mano de Mauricio Macri, Argentina transitó en los últimos tres años el proceso de endeudamiento del Estado más vertiginoso de su historia. Según estimaron el economista Eduardo Basualdo y el sociólogo Pablo Manzanelli, sólo en su primer año de gestión, la administración Cambiemos endeudó al fisco en u$s43.600 millones, lo cual representa (en términos constantes) "el doble del endeudamiento estatal contraído durante la guerra de Malvinas en 1982 (21,4 mil millones) y más que el de 2003, cuando llegó a 19,2 mil millones". Hasta julio de este año, según Hacienda, el incremento de la deuda pública (interna y externa, en todas las monedas) aumentó en u$s90.816 millones.

El Congreso no estuvo a la altura de un fenómeno de tal magnitud. Sin mayoría propia, Macri logró aval parlamentario al arreglo con los fondos buitre que ahora cuestiona la Justicia. También a las leyes que lo habilitaron a endeudarnos más. No hubo gran discusión.

La Constitución es clara: su artículo 75 dice que corresponde al Congreso "contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación" y "arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación". La gestión es del Ejecutivo, claro, pero ante emisiones tan abultadas como las de estos años debió haber un seguimiento y una auditoría mucho más serios. No fue así.

A veces, cuando un poder del Estado no hace su tarea, le toca a otro cubrirlo. Por lo general ya es tarde. Pero peor es nada.