Tres semanas y media. Es el tiempo que le resta al Gobierno nacional para cerrar el conflicto más importante que aún mantiene abierto en el frente federal. Santa Fe reclama que la Casa Rosada le debe unos 50.000 millones de pesos por un fallo de la Corte Suprema que le reconoció sumas retroactivas en un juicio por descuento de su masa coparticipable. Los ministerios de Interior y Hacienda ajustan los detalles de la propuesta que le harán a Miguel Lifschitz se comprometieron a "acordar monto y forma de pago" de este pasivo hasta el 31 de marzo.

La condición que puso el mandatario santafecino para estampar su firma en el Consenso Fiscal fue que el Gobierno nacional plasme una fecha concreta para que solucione un reclamo que esa provincia mantenía desde noviembre de 2015. En ese momento el alto tribunal determinó que el descuento de 15% que la Nación hacía de la masa coparticipable para destinar al Anses era inconstitucional. Las provincias que acudieron a la instancia judicial (Santa Fe y San Luis) fueron las que mejor paradas quedaron, ya que ganaron el derecho a reclamar sumas retroactivas por esa sentencia. La Nación, ya después del recambio presidencial, llegó a un acuerdo con las provincias para la devolución paulatina de esos fondos pero quedó pendiente la negociación sobre todos los montos "indebidamente" detraídos desde 2006 hasta 2015. Como consecuencia de ese fallo Santa Fe, San Luis y Córdoba, otra de las que activó reclamos ante la Corte, comenzaron a cobrar sus porciones de coparticipación enteras sin ningún tipo de descuento para el financiamiento del sistema previsional.

Según los cálculos propios de las dos provincias en cuestión, los reclamos de retroactivos tendrían un valor de 50.000 millones de pesos para el caso de Santa Fe y unos 15.000 millones para San Luis. Esta última provincia, de todas formas, cuenta con una desventaja respecto a Santa Fe: al no haber firmado su gobernador Alberto Rodríguez Saá el pacto fiscal, el plazo límite de 31 de marzo para el acuerdo de "monto y forma de pago" no corre para la provincia puntana.

El inciso p del Consenso Fiscal reza textualmente que la Nación se compromete a "acordar antes del 31 de marzo de 2018 el monto y la forma de pago de los juicios con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anteriores a este Consenso, con las provincias que aprueben el Consenso" y en todo caso, una vez que ese conflicto sea cerrado, esas provincias deberán devolver montos que hubieren cobrado en concepto de bono compensación por dar de baja los juicios ante la Corte Suprema.

El modo de cálculo de retroactivos será, con seguridad, uno de los puntos en disputa entre el distrito que gobierna Lifschitz y el Gobierno nacional, ya que las mediciones de inflación perdieron credibilidad tras la intervención del Indec en 2007. De acuerdo a fuentes provinciales, todavía no han recibido una propuesta concreta para analizar. "Hay muy pocas novedades. Conversé el tema con (el ministro del Interior, Rogelio) Frigerio, y se comprometió a hacernos una propuesta. Espero que efectivamente se concrete en estos días y que termine en un buen acuerdo para las dos partes. Estamos dispuestos a buscar alternativas que no comprometan las finanzas del gobierno nacional", dijo Lifschitz ayer citado por el diario rosarino La Capital.

La propuesta que había acercado oficialmente Santa Fe incluida pagos en cuotas, en efectivo y en títulos públicos: 35 mil millones a pagar por medio de un bono y los 15 mil millones restantes en cuotas.

La firma del pacto fiscal de noviembre terminará con casi 60 juicios abiertos ante la Corte Suprema por parte de provincias sobre temas relacionados al reparto federal de fondos. El costo de esos juicios habría sido de unos 340.000 millones de pesos.