En medio de la campaña electoral, en el gobierno de Mauricio Macri ya empezaron a sacar cuentas para cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece que la reducción del IVA y el Impuesto a las Ganancias deberán ser financiados con recursos del Estado nacional sin afectar los fondos coparticipables. Aunque aún no está definida la modalidad para compensar a las provincias, desde la Casa Rosada aseguraron que se mantendrán las medidas que adoptaron tras la derrota de las PASO para paliar la crisis económica.

Uno de los primeros del Gobierno nacional en referirse a la resolución del Alto Tribunal fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien se apuró a plantear que no compartía el voto de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda y remarcar que el fallo no es "claro" en cuanto cómo se aplicará lo requerido.

"El fallo no es claro en lo operativo, pero el Gobierno lo cumplirá como siempre. Corresponde a los analistas decir si es un pronunciamiento político, pero la Corte tenía la tradición de no hacer fallos con condimentos políticos en tiempos electorales", apuntó el funcionario a la señal de cable TN.

Sobre la implementación de la acordada, desde la gobernación bonaerense plantearon que aunque en su momento la mandataria, María Eugenia Vidal, no recurrió a la Justicia -como sí lo hicieron desde otros 15 gobiernos provinciales para que no se afectarán las finanzas de sus distritos-, solicitará que el fallo de la Corte Suprema se haga extensivo a la provincia de Buenos Aires. En caso contrario, lo tramitarán a través de la vía judicial.

"Si bien no está claro el fallo, no creemos que se deje afuera a las provincias que no hicieron la presentación ante la Corte porque se caería en una situación de inequidad fiscal", apuntaron desde Balcarce 50.

Fuentes gubernamentales admitieron a BAE Negocios que la principal equivocación del gobierno fue "no haberse sentado a negociar previamente con los gobernadores" para evitar que se judicialicen los decretos 561/19 y 567/19. Sin embargo aseguraron que la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica y la suba del mínimo no imponible en Ganancias seguirán vigentes, aún cuando falta definir "cómo se financiarán" o "de qué modo se compensará a las provincias".

"Estamos trabajando en diferentes alternativas para cumplir con el fallo y sostener las medidas que benefician a millones de argentinos y dan alivio a los bolsillos en un contexto complejo", señalaron desde el oficialismo. Y destacaron que "el equilibrio fiscal no es responsabilidad sólo del Ejecutivo nacional, sino de todos los poderes del Estado, incluido los gobiernos provinciales y municipales, y el Congreso de la Nación".

Según lo que estiman en la administración central, el costo fiscal de las medidas para las arcas provinciales sería de 30 mil millones de pesos. Mientras la reducción de Ganancias está estipulada sólo para septiembre y octubre, la rebaja del IVA es hasta el 31 de diciembre.

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