El Gobierno nacional le apuntó a la sensibilidad del empresariado argentino, dispuesto lograr consensos para evitar conflictos que agraven la crisis económica, pero también desplegó su poder de lobby para lograr el acompañamiento del sector privado al llamado para un acuerdo tripartito que bosquejó con dirigentes de la oposición. Y si bien logró el respaldo de entidades de fuerte peso, generó dudas internas y rechazos entre las cámaras representantes de las pymes nacionales.

El Grupo de los Seis (G-6) realizó un ágil consenso entre sus integrantes, sin necesidad de que sus presidentes se vean las caras, y destacó "la necesidad de avanzar en la construcción de consensos, promoviendo el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y actores sociales".

"Sin acuerdos programáticos que convoquen y comprometan a todos los partidos políticos, Argentina profundizará los problemas que la llevaron a una década sin crecimiento. El consenso alcanzado sobre estos 10 puntos debe constituir el hito a partir del cual implementar definitivamente las medidas necesarias para contener la inflación, reducir la carga impositiva, promover la inversión, generar empleo y consolidar la seguridad jurídica, requisitos ineludibles para avanzar hacia el desarrollo de un país inclusivo y federal", señal+o el comunicado firmado por la CAC, la UIA, Camarco, la Rural, la Bolsa de Comercio y Adeba.

Según pudo saber BAE Negocios, la declaración tuvo como antesala varios diálogos telefónicos entre funcionarios de Gobierno y empresarios. "Hubo pedidos de distintos sectores para apoyar. No se trata sólo de un acuerdo electoral sino de la única posibilidad de demostrar fortaleza institucional y política hacia afuera", confesó uno de los integrantes de las cámaras firmantes.

Lo cierto es que algunos sectores, como la industria, la adhesión generó malas caras. Sucede que la situación sectorial muestra a varios de sus integrantes en permanente contracción de sus actividades, ya no sólo las relacionadas con el consumo masivo.

Las críticas más públicas surgieron desde representantes pymes, quienes acusan al Gobierno de "montar un show de diálogo con algunos empresarios amigos y dejar de lado a las pymes". "El Gobierno no convocó a las pymes a ningún diálogo para discutir políticas, sencillamente porque no plantea políticas de desarrollo sino un decálogo de buenas intenciones, que se deben aceptar para que continúe este ajuste que destruyó el aparato productivo", afirmó el vicepresidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), Ariel Aguilar.

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