Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno modificó ayer el cálculo utilizado para estimar el ingreso base de las indemnizaciones por accidentes laborales, al pasar de la tasa activa del Banco Nación al índice Ripte del ministerio de Trabajo, que mide el salario promedio de los empleados registrados.

Se trata de una medida destinada a beneficiar a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ( ART), que denunciaban que por el contexto macroeconómico actual, debían estimar los montos en base a tasas que hoy están en el 100% y provocaban, por ejemplo, que un sueldo de $42.000 debía recibir una indemnización como si en realidad fuera de $73.000.

"Esta distorsión en vez de disuadir el inicio de acciones legales luego de un accidente, se convirtió nuevamente en un estímulo a volver a litigar poniendo en riesgo la importante disminución inicial de la litigiosidad lograda", evaluó la U ART, la entidad que nuclea a las compañías del sector.

Los sindicatos y los abogados laboralistas pusieron el grito en el cielo por una norma que consideran inconstitucional al no cumplirse los requisitos "de necesidad y urgencia" y deteriora derechos adquiridos con una modificación regresiva.

En ese sentido, el colegio público de abogados de la Capital Federal ( CPACF) ya anunció que trabaja en un planteo judicial.

"Esta norma no debería poder atravesar la bicameral del Congreso encargada de validar los DNU ni una presentación ante un juez", evaluó Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) ante la consulta de BAE Negocios.

"Ahora resulta que todo el sistema financiero puede vivir con las tasas de interés actuales pero las ART no, a pesar de que en realidad no tienen ningún problema y hasta ganancias extraordinarias. Y se van al otro extremo al reemplazarlo por el Ripte, que sube por debajo de la inflación", advirtió.

"El problema del decreto es que judicialmente se trata de manera individual", añadió. Es decir, que cada trabajador afectado debe ir por su cuenta a plantearlo ante un magistrado, el cual definirá si es inconstitucional o no.

Por lo pronto, la CGT consideró el decreto como "insólito" y mostró su "profundo rechazo" a la medida.

"Se desoyó el acuerdo parlamentario original que determinó como condición para aprobar el cambio de ley en 2017 la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación para abonar intereses hasta el cobro de los beneficios, por ser claramente más beneficiosa", puntualizó la central sindical, en referencia al cambio en la ley de ART aprobado con la venia de los gremios hace dos años. "Es una reforma laboral encubierta", añadió el titular de la Unión Ferroviaria, Jorge Sasia.

Según el DNU, el rendimiento de las ART es de 42% y el ingreso base se actualiza al 90%

Desde las aseguradoras justificaron la iniciativa en que "se desmadró todo por la inflación" y que "no hay prima, ni rendimientos de inversión posible para financiar tal desfasaje".

"Es demasiado pronto para tildar el decreto de inconstitucional. Es lo que van a decir los laboralistas. Pero hay que esperar a la bicameral", sostuvieron.

Según el decreto, "actualmente el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley 24.557 y sus modificaciones, asciende a niveles cercanos al 90%".

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