A partir de la diferencia que existe en el seno del Gobierno sobre modificar o reglamentar la Ley de Glaciares aprobada en 2010. Hoy el tema no está en las prioridades de la agenda de Cambienos para el presente año o al menos en los próximos seis meses. La decisión no hace más que aplazar la llegada de inversiones de la industria minera que tuvo el año pasado un balance negativo. Actualmente no existen nuevos proyectos en construcción al menos hasta el 2020.

Fuentes oficiales reconocieron a BAE Negocios que "no sólo no se está trabajando en un nuevo proyecto de ley" sino que tampoco "está en la agenda al día de hoy cambiar la normativa".

Desde la industria distintas fuentes consultadas coincidieron en que no ven posible por parte del Ejecutivo impulsar una nueva ley, lo que desestima la llegada de capital y más aún cuando "hay varios pedidos de inconstitucionalidad que la Corte debe resolver".

Esto es en referencia a la presentación que hiciera meses atrás el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman ante la Corte Suprema, el cual fue desestimado, aunque falta definir aún los casos sobre jurisdicciones.

Sin embargo vale recordar que en noviembre pasado el presidente Mauricio Macri recibió a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) a quienes prometió tener una nueva ley a presentar en febrero. Pero las fuentes de la Casa de Rosada volvieron a negar el armado de un nuevo proyecto y si bien manifestaron haber estado "trabajando" en su momento en lo que era una reglamentación de la ley, hoy está todo "frenado".

Para el gobierno la minería es una "política de Estado", pero no a cualquier precio ni de cualquier forma sino de "mucho control" y "respetando" las mejores prácticas de medio ambiente que hay a nivel internacional.

Por su parte las industria advirtió que sino se modifica la ley "la actividad en dos años desaparece" y señalaron que el 2017 fue "negativo". Al consultar sobre los puestos de trabajo manifestaron que las distintas empresas "despidió o directamente no tomo nueva mano de obra". Para esto se deben activar algunos grandes proyectos mas su resultado no se verá sino hasta dentro de 3 o 4 años. Vale subrayar que el empleo empieza en la fase de construcción y hoy no hay nada previsto hasta el 2020.

"Nadie puede arriesgarse a invertir u$s3.000 millones, como mínimo en la primera etapa de un nuevo emprendimiento si luego llega la Justicia y lo cierra", resaltaron las fuentes del sector.

El Ejecutivo deberá entonces reformular si cambia o reglamenta la ley. Antes, deberá recordar la carta de la diputada Elisa Carrió, quien mostró oponerse no sólo a las nuevas "iniciativas" dado que "implican rupturas de acuerdos básicos de Cambiemos" sino también al "histórico lobby minero".