El Gobierno avanzó ayer con su propuesta de ajuste fiscal con las provincias, en el marco del acuerdo con el FMI que obliga a llevar el rojo del sector público al 1,3% del PBI el año que viene. El ejecutivo pretende hacer un recorte de $300.000 millones y de esa parte a los gobernadores les tocaría un tercio, si se sigue el criterio de la coparticipación de impuestos como planteó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne junto a su par de Interior, Rogelio Frigerio, durante una reunión celebrada ayer.

De esta manera, a la casa Rosada le tocaría reducir el 66,7% de los gastos planteados, equivalente a unos $200.000 millones, en tanto los distritos deberán hacerse cargo de achicar sus desembolsos en $100.000 millones ó el 33,3% del total. Luego, la repartida entre las distintas jurisdicciones se regirá en base a los coeficientes utilizados en la distribución primaria de los recursos tributarios.

Por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires se la contabiliza con un porcentaje del 5,2, por lo que en 2019 recibirá unos $5.000 millones menos de parte de la Nación. En tanto, a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal le tocará achicarse en cerca de $20.000 millones.

Tras la cumbre de ayer con los ministros de economía gobernadas por el oficialismo (Corrientes, Buenos Aires, Ciudad, Jujuy, y Mendoza), Dujovne y Frigerio irán recibiendo en tandas a los representantes de los distritos opositores. Hoy será el turno de Córdoba, Tierra del Fuego, San Juan, Chaco, Salta, Neuquén, Misiones y Río Negro.

Fuentes que estuvieron presentes evitaron dar mayores precisiones respecto a los montos conversados, aunque pidieron "que no se vea sólo el gasto sino también quién genera los recursos". "Buenos Aires y la Ciudad generan el 60%, 65% y en cambio retiran el 25%, hay que ver toda la película", se quejó un representante del área metropolitana.

En ese sentido, otro punto de la discusión con las provincias es el traspaso de AySA, Edenor y Edesur a la órbita del AMBA, una propuesta que no será fácil de llevar adelante ya que, en el caso de la empresa que brinda servicio de agua potable y cloaca, tiene un préstamo internacional por u$s500 millones y no se puede cambiar la jurisdicción, al mismo tiempo que el 10% de la compañía pertenece a los empleados y el titular del gremio, José Luis Lingeri, se opone al traslado.

En cuanto a la magnitud del ajuste, de acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), no debería llegar a $300.000 millones sino que alcanzaría con un recorte de $150.000 millones e incluso podría llegar a $100.000 millones si se frena la baja de impuestos como propuso el FMI.

"Los $300.000 millones contemplan los aumentos por ley de jubilaciones y AUH", repusieron desde el Gobierno.