Desde Seúl, Corea del Sur

El Gobierno comenzó a negociar con gobernadores e intendentes que los estados federales se hagan cargo de gran parte del costo de las obras públicas para descomprimir el peso que tiene el ítem de gastos corrientes en el Presupuesto nacional. Se trata de un esquema para derivar hasta el 80% del costo de las obras de infraestructura para que no se desacelere en forma brusca la actividad, sobre todo en un año electoral en el que el Gobierno se juega la posibilidad de reelección.

En una semana que volvió a cerrar con alarmas encendidas por la nueva disparada del dólar y los rumores de más cambios en el Gabinete nacional, el Ministerio del Interior avanza con un plan más ambicioso que el 70-30 que ya viene aplicando el último año, por el cual los gobernadores se hacen cargo del 30% del costo de obras de infraestructura.

Para 2019, el plan es que la participación del Estado nacional se reduzca a un 20% y que el resto quede a cargo del municipio a través de la denominada "contribución por mejoras", mediante la cual el frentista paga una cuotaparte del desarrollo de la obra, y que la provincia tome deuda en caso de que pueda hacerlo.

De alrededor de $200.000 millones que el Presupuesto 2017 incluyó para la realización de obras públicas, poco más de un cuarto, unos $60.000 millones, está bajo la órbita del Ministerio del Interior, y es ahí donde Frigerio negocia la reducción con los mandatarios.

"El nuevo esquema que estamos proponiendo es el de trabajar con municipios en lo que se llama contribución por mejora o captación de plusvalía, donde la gente comienza a pagar las obras de infraestructura en compensación por mejoras, donde Nación pone el 20% y los municipios con la gente ponen el 80%", señaló a BAE Negocios el secretario de Planificación Territorial y Coordinación de la Obra Pública de la cartera de Interior, Fernando Álvarez de Celis.

Esa modalidad ya tiene dos testeos. Uno en la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe. El funcionario explicó que bajo esa modalidad, una obra que cuesta un millón de pesos y tiene vecino con capacidad de pago, se divide y da $45.000 por vecino, unos $1.000 por mes en cuarenta meses. "Hoy están pagando $3.000 por mes por el camión atmosférico; por lo tanto, al final van a ahorrar eso y pagarán $500 de agua", explicó. En la localidad bonaerense de San Miguel están avanzando con un proyecto similar.

Para Álvarez de Celis, se trata de lo que denominan coloquialmente "falsos PPP", en un esquema de participación privada que equipara a los planes de Participación Público Privada que puso en marcha el Gobierno para las grandes obras de infraestructura. "Lo que se viene en las ciudades son los PPP a escala urbana, donde las cooperativas entiendas que es rentable".

"Hemos pasado de un esquema en el primer año del 100% de subsidios, es decir que la Nación pagaba toda la obra, a uno de 70-30, que los municipios o la provincia tienen que poner una contraparte del 30% de las obras que se van a hacer. Ahora queremos avanzar en este esquema de 20-80, donde el contribuyente que tenga capacidad de pago lo pague y el que no, se subsidia", explicó Álvarez de Celis durante un encuentro de Ciudades Inteligentes y Regeneración Urbana, en la capital de Corea del Sur. Este encuentro se realiza en el marco del Foro de Cooperación entre Corea y los países de América latina (ver aparte).

La agenda de obras públicas es una de las prioridades del Gobierno, ya que es una de las bases sobre las cuales logró mantener la actividad económica en la primera etapa de la gestión y uno de los pocos rubros en los que el empleo no estaba en rojo, aunque ya comenzó a mostrar signos preocupantes. De acuerdo con el último informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, el empleo formal creció 8,1% en abril interanual, pero mostró una baja de 0,2% contra marzo.

Eso llevó también al ministro del Interior a terciar en una reunión que estaba pautada sólo entre las autoridades de la Cámara de la Construcción y el gremio UOCRA. Frigerio se autoinvitó el miércoles último al encuentro entre Gustavo Weiss y Gerardo Martínez para tratar de convertir una bilateral crítica en un acuerdo tripartito. El ministro del Interior tenía ajustada su caja y de los $4.500 millones que tiene pautados mensualmente para el pago de obras en ejecución, en los últimos tres meses sólo pudo disponer de $2.500 millones. El ingreso de los fondos del FMI derramó una parte sobre Interior y pudo prometer que en agosto se normalizarán los pagos.