El Gobierno nacional dio a conocer ayer el incremento que tendrán los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el cual será de 5,71% en marzo, en línea con las estimaciones de los expertos, y la mínima pasa a $7.658. Se trata del primer ajuste con la nueva fórmula de movilidad sancionada en diciembre en medio de las protestas y represión en la zona de Congreso, la cual establece que las alzas se regirán en un 70% por inflación y el 30% restante por el aumento salarial promedio, cada tres meses en vez de seis.

De esta manera, se dejó de lado la ley utilizada desde el 2009 por el kirchnerismo que actualizaba los haberes de forma semestral, en un 50% por la recaudación y 50% por salarios. Según los cálculos, bajo esa modalidad el aumento tendría que haber estado entre el 12% y el 14%.

Hay consenso en que se trata de una ley regresiva porque arroja un aumento menor

Lo cierto es que con la primera aplicación del nuevo índice, de acuerdo a la resolución 2-E/2018 del ministerio de Trabajo publicada en el boletín oficial, implica una suba de cerca de la mitad de lo que hubiera correspondido con la vieja ley y recién con la jubilación de junio, que tendría una mejora de otro 6%, se tendría el poder adquisitivo equivalente al de marzo si se hubiera mantenido la fórmula usada hasta el año pasado.

Esta clara regresividad en la norma ya fue objeto de diversas presentaciones judiciales que, de seguir su curso, finalizarán en manos de la Corte Suprema, que tarde o temprano tendrá la última palabra.

Por lo pronto, la jueza de la seguridad social Adriana Cammarata rechazó una medida cautelar del abogado previsional Miguel Fernández Pastor contra la aplicación de la reforma , al entender que en caso de que se termine declarando inconstitucional, no le produce un daño que la sentencia que resuelva la cuestión de fondo no pueda reparar.

"No se puede ser un poco regresivo. O sos o no. Es un principio afectado y la justicia deberá opinar si lo va a corregir o no, ya que va en contra de un tratado internacional", evaluó Adrián Troccoli, del estudio jurídico Sobral Troccoli. El abogado acotó que según la Corte "el principio de disponibilidad de recursos" puede utilizarse sólo para nuevos beneficios y no sobre quienes tienen un derecho adquirido.

Esto es porque recién en junio los jubilados empezarán a cobrar lo que, con la vieja ley, ya hubieran comenzado a percibir en marzo. Es decir, hay una "demora" de un trimestre para alcanzar ese poder adquisitivo.

Otro aspecto en el que se centraron las críticas y las presentaciones judiciales es en la supuesta retroactividad de la ley, aunque esto es discutible desde el punto de vista jurídico si se tiene en cuenta que se aprobó cuando el semestre aún no había sido devengado en su totalidad, por lo cual el planteo podría no tener llegada entre los magistrados.

Por otro lado, la diferencia entre las dos fórmulas en marzo está en torno a los 6 puntos, cifra que para la Corte Suprema no sería confiscatoria porque esta debajo del 15%. Además, el caso podría llegar a los tribunales cuando la diferencia entre los dos haberes ya se haya reducido.

En ese sentido, la Corte ya ha ratificado en fallos pasados que los legisladores tienen la capacidad para cambiar las fórmulas de movilidad, siempre y cuando no se rompa una proporción "razonable" entre lo que cobra el sector pasivo y el activo.

Para la consultora Econométrica, la suba promedio en las jubilaciones será de 24%, similar a la inflación, aunque con el último ajuste del año en diciembre la comparación interanual cerrará en 26,4%.