La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico ratificó hoy la resolución dictada por el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6, Marcelo Aguinsky, en el que se admitió el uso de información declarada en el sinceramiento fiscal como prueba en un proceso penal por lavado de activos.

La decisión de la Cámara -según se publicó hoy en el portal Fiscales.gob.ar- estuvo en línea con la presentación efectuada por el responsable de la Fiscalía General ante ese tribunal, Gabriel Pérez Barberá.

El caso llegó al tribunal de segunda instancia luego de que los abogados de una empresa -cuyo nombre no fue dado a conocer- interpusieron un recurso de reposición y de apelación en subsidio, al entender que la información revelada en el marco del régimen de sinceramiento fiscal tiene carácter secreto y que, por lo tanto, las restantes partes del proceso no pueden acceder a ella.

Esto se produjo luego de que juez Aguinsky dispuso hacer lugar a un pedido del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4, Pablo Turano, efectuado con colaboración del fiscal de Investigaciones Administrativas José Ipohorski Lenkiewicz.

El pedido propone indagar a los integrantes de la firma en cuestión por hechos que encuadran en el delito de lavado de activos, en virtud de información obtenida a raíz de que uno de los investigados se acogió al régimen de sinceramiento fiscal previsto en la Ley 27.260.

El representante del Ministerio Público Fiscal amplió además, el requerimiento de instrucción por sucesos de soborno transnacional.

En su presentación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, el fiscal general Barberá dijo que si bien el uso de la información declarada en el sinceramiento fiscal no puede transformarse en prueba para una acusación penal por evasión tributaria, ilícitos cambiarios o infracciones aduaneras, "en el especifico caso del delito de lavado de activos" la ley permite el uso de esa información como prueba, entre otras cuestiones.

Al resolver la cuestión, la Cámara integrada por el juez Roberto Hornos y la jueza Carolina Robiglio dispusieron confirmar la resolución recurrida y consideraron que "resulta ajustada a derecho la inclusión de aquellas actuaciones del dictamen presentado por el fiscal por el que amplía el requerimiento de instrucción y solicita la ampliación de declaraciones indagatorias y la realización de medidas".