Cansados de los retoques constantes en la fórmula que permite saber el precio de los biocombustibles, la Cámara Sucroalcoholera de Tucumán presentó ayer una denuncia penal contra funcionarios de la Secretaria de Energía al considerar que las mismas son "ilegales" y "arbitrarias". También rechazaron los nuevos aumentos al considerar que siguen por debajo de los costos de producción. Las provincias productoras y pymes a base de maíz y soja analizan si acompañan la acusación.

La denuncia, a la que tuvo acceso BAE Negocios y que fuera presentada ayer en la Fiscalía Federal Nº 2 de la provincia de Tucumán, pone a consideración de la Justicia evaluar si el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el subsecretario de Hidrocarburos y Combustibles, Carlos Casares, incumplieron en sus deberes de funcionarios públicos.

En el escrito, la entidad señala que a partir del decreto reglamentario 109/2007, que sostiene que el Estado se "comprometió" a fijar los precios de manera que la industria pueda "recuperar su inversión y obtener una razonable rentabilidad", desde marzo pasado Energía viene "incumpliendo" su "deber legal" lo que promovió una serie de "amparos administrativos" para llegar a una solución, pero que no encontró eco en las autoridades.

"Todo lo que nos prometió Energía no sucedió por lo cual la única vía que nos queda es accionar judicialmente", dijo a este medio el vicepresidente de la Cámara, Jorge Rocchia Ferro, quien a la vez explicó que "no tener el precio del bioetanol que corresponde es un perjuicio para el sector".

Según el empresario, el valor debería ser de $31.424 la tonelada, que es "algo que ya hoy algunas petroleras están pagando a partir de la fórmula que realmente corresponde". El precio está muy lejos de los $25.663 que publicó Energía. La diferencia es del 22,4%.

El lunes pasado la Secretaría estableció un subsidio del 6% sobre el precio de agosto, a $1.540 por tonelada, la cual sólo se puede acceder si es que las empresas "renuncian a todo derecho, acción o reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, en la República Argentina y en el extranjero".

Esto es un "accionar que bien puede calificarse como extorsivo y mafioso", y que "podría tipificar en los delitos previstos en los artículos 248 y 249 del Código Penal", explicó la denuncia.

En la misma línea desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb), su director ejecutivo Francisco Jáuregui sostuvo a este medio "que se está analizando lo presentado por la industria de Tucumán", ya que consideran que "hay indicios legítimos de avanzar en una querella penal".

Por su parte, la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese adelantó que mañana la Liga Energética, que agrupa a las provincias productoras de biocombustibles, evaluará si también recurren a la Justicia.

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