La Argentina experimentó un fuerte retroceso en comparación con países vecinos en lo referente a la reducción de la pobreza, pese a ser el país con mayor proporción de ingresos fiscales.

Así se desprende de dos estudios de la consultora Idesa, el primero de los cuales muestra que, según datos oficiales de los tres países, entre los años 2006 y 2018 mientras en Chile la pobreza pasó de 29,1% a 8,6% de la población, y en Uruguay de 32,5% a 8,1%, en Argentina el porcentaje de pobres subió de 29,2% a 32,0% de los habitantes.

La semana pasada, el INDEC informó que la tasa de pobreza urbana aumentó al 32% de la población en el segundo semestre del 2018, cuando en el mismo período del año anterior se ubicaba en el entorno del 26 por ciento. De acuerdo con Idesa, “es fácil asociar este deterioro en la situación social con la gran devaluación del 2018 y su correlato inflacionario”. Y es que a finales del 2017, una familia tipo necesitaba ingresos superiores a los $16 mil mensuales para no ser pobre, monto que un año despuéso subió a $25 mil, es decir, aumentó el 55%. Dado que los ingresos de la población crecieron menos que la inflación, muchas familias cuyos ingresos estaban cerca de ese valor –el de la Canasta Básica Total– cayeron en la pobreza.

Para Idesa, “estos datos muestran la enorme dimensión del fracaso social que sufre la Argentina. Partiendo de situaciones parecidas en el año 2006 –los tres países con 1 de cada 3 personas en la pobreza–, Chile y Uruguay bajaron la pobreza al 8% de la población en poco más de una década”. Reseña el informe que en el mismo período, “Argentina en el 2006 empezó a distorsionar las estadísticas del INDEC para encubrir la pobreza y luego dejó de medirla en el 2013. Con el nuevo gobierno, en el 2016 se volvió a medirla y seguía en el orden de 1 de cada 3 personas en la pobreza, nivel que salvo vaivenes se mantiene. La consecuencia es que en la actualidad la Argentina tiene 4 veces más pobreza que Chile y Uruguay”.

Al mismo tiempo hace notar que la presión tributaria también se incrementó, ya que entre 2006 y el 2018 los ingresos del Estado en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal) pasaron de 28% a 35% del PBI y el gasto público del 27% a 41% del PBI. Señala el estudio que la principal consecuencia fue “la emisión monetaria espuria y el endeudamiento, de lo que se deriva la alta inflación que multiplica la pobreza”. Para Idesa “los países vecinos con una administración del Estado más responsable y profesional (el gasto público en Chile es 25% y en Uruguay 33% del PBI) han logrado evitar la inflación y reducir sustancialmente la pobreza”.

La conclusión de Idesa es que “los cientos de programas asistenciales que se ejecutan desde los tres niveles de gobierno sirven para justificar burocracia, corrupción y “hacer política”, pero han demostrado que no sirven para bajar la pobreza. Esto a pesar de que sumando lo que gastan nación, provincias y municipios en asistencia social alcanza para eliminar la pobreza y mucho más la indigencia”.

En cuanto al sistema tributario, el informe apunta que “mientras las declamaciones en favor de la equidad llegan a niveles empalagosos, de manera sistemática se toman decisiones para que los ricos paguen menos impuestos. Un ejemplo reciente es la decisión de la Corte de eximir y devolver el impuesto a las ganancias a una jubilada de privilegio”.

Y, en un intento de restarle responsabilidad al presidente que dijo que el éxito de su gestión debía medirse en referencia a cuánto había bajado la pobreza, Idesa recalca que "asignarle responsabilidad al actual gobierno o al FMI por el aumento de la pobreza es una manera simple y políticamente atractiva de explicar el fracaso. Pero, como lo demuestra la experiencia de Chile y Uruguay, lo que se necesita es menos hipocresía y más profesionalismo en la gestión pública en todos los estamentos del Estado".