Los integrantes de la Unión Industrial Argentina ( UIA) comenzaron a mostrar una fuerte desconfianza sobre el accionar judicial y las “presiones” que ejerce sobre la actividad gremial-empresaria en el medio de una feroz contracción de la economía de las fábricas. En palabras claves, en la mesa chica de la entidad con más peso del país asocian cada vez con mayor claridad el tono crítico que implementan por la situación del sector con respuestas en Tribunales.

Ayer el portal de noticias Infobae, en una nota firmada por Omar Lavieri, consignó que en los próximos días Roberto Urquía, uno de los dueños de Aceitera General Deheza (AGD), deberá pasar por Comodoro Py para declarar ante el juez Claudio Bonadio por una presunta vinculación en el pago de coimas, a partir de una causa derivada de la denominada “cuadernos de la corrupción” que se inició con el chofer Oscar Centeno y su vinculación con la obra pública.

La novedad generó una fuerte inquietud entre los empresarios, que dejaron asociados hechos históricos ante cada crítica con algún accionar judicial. Sucede que AGD, además de ser una de las empresas de mayor peso dentro de la UIA, tiene la Presidencia de la entidad industrial. Miguel Acevedo es cuñado de Urquía y hace tiempo que muestra sin disimulos sus diferencias con el modelo económico “sin plan industrial”.

“Ladra, tiene dientes filosos y camina en cuatro patas. Parece un perro”, le graficó de manera irónica a BAE Negocios uno de los hombres fuertes de la mesa chica. Sucede que varios consideran que la avanzada judicial coincide con las críticas, como sucedió en otras oportunidades, y “no por casualidad”.

Casi cerrando noviembre del año pasado, el vicepresidente Guillermo Moretti había dejado entrever que el procesamiento que la Justicia había declarado en ese momento al dueño del Grupo Techint buscaba debilitar las acciones de la multinacional argentina más poderosa: “Miren qué baratos que terminan siendo los activos argentinos, todo el mundo dice que el gran inversor en Vaca Muerta es Tecpetrol, también del Grupo Techint. Si nos quedamos sin siderurgia, se termina la memoria industrial”, había dicho.

A inicios de marzo del año pasado, cuando se vislumbraba uno de los peores años para la industria, hubo un fuerte cruce entre la cúpula de la UIA con el entonces ministro de Producción Francisco Cabrera, quien los catalogó como “llorones” ante los reclamos. A las pocas horas, el juez Luis Rodríguez ordenó la detención del expresidente de la entidad Juan Carlos Lascurain, por una obra en Río Turbio.

Luego llegó el turno del Grupo Techint, y el vicepresidente de la UIA y hombre fuerte de Rocca, Luis Betnaza, debió pasar como arrepentido por la causa de la corrupción por la obra pública aunque en una autoincriminación por un negocio con Venezuela.

Hoy se realizará la primera reunión del año del Comité Ejecutivo en la sede de la entidad de Avenida de Mayo. El viernes pasado, representantes industriales le entregaron a funcionarios del Ministerio de Producción un paper con pedidos para ayudar a las pymes en el medio de la crisis. En el medio, está la incertidumbre por la apertura comercial con el nuevo Brasil de Jair Bolsonaro. Y como si fuera poco, en los próximos meses se define la renovación de la cúpula de la UIA.

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