El Ministerio de Energía decidió congelar los valores del alcohol a base de maíz y caña de azúcar con destino a las petroleras. Así lo estableció ayer mediante la resolución 5E/2018 publicada en el Boletín Oficial. En ningún momento la resolución 415/2017, habla sobre postergar aumentos sino que da una nueva fórmula de cálculos. De esta forma, y en el caso del bioetanol de azúcar tuvo una reducción en su precio del 8,1% en enero respecto de octubre pasado, según lo publicado por el Ejecutivo.

Los precios directamente son los mismos desde noviembre y así seguirán por dos meses. Tal cual lo explica el artículo 1: “Establécese que la variación del precio de adquisición del bioetanol establecida en el artí- culo 5º de la Resolución Nº 415 de fecha 31 de octubre de 2017 de este Ministerio y sus modificaciones, regirá hasta el último día del mes de marzo de 2018”.

La medida beneficia a las petroleras que pagan menos por ambos productos puesto que se utiliza para el corte obligatorio del 12% en las naftas. Y más aún cuando se sabe que el alcohol no paga el impuesto a los combustibles liquido y el gas natural, y el fondo hídrico de infraestructura.

Si bien es verdad que la industria pidió una prórroga dado que “manifestaron la imposibilidad de dar cumplimiento con los plazos establecidos”, en ningún momento solicitaron congelar valores. Por lo pronto todo se corre un mes: los fabricantes de bioetanol ahora disponen de tiempo hasta el catorce de febrero, y los nuevos valores regirían desde el primero de marzo.

El nuevo mecanismo que sigue siendo rechazado por las fábricas, vincula los precios que pagan las petroleras por el bioetanol con la estructura real de costos de los fabricantes locales de ese combustible.

Según las fuentes de la industria, actualmente el costo para llevar el bioetanol a base de azúcar hasta la puerta de las refinerías es de $19 por litro. Lo que significa que le queda una utilidad positiva de $11 a las petroleras sobre un precio de la nafta de 30 pesos.

Más allá de los cambios impulsados por los técnicos de Energía, las fábricas alcoholeras mantienen su postura sobre las modificaciones dado que se hizo una nueva fórmula que no está escrita en la ley 26.903, que establece costo más utilidades razonables, el cual no tuvo en cuenta por el Ejecutivo.