El secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, anunció ayer que no convocará a la audiencia pública para definir un nuevo aumento en el gas, que estaba prevista para principios de diciembre. Así, le dejará a Alberto Fernández y su equipo las próximas decisiones de política tarifaria, luego de que el Gobierno congelara los precios en la previa de las elecciones pero dejara un tarifazo acumulado de más del 2.000% en este servicio público. Por la devaluación y la inflación, el funcionario habló de un atraso del 30%.

La audiencia, un requisito para modificar los precios que pagan los usuarios residenciales, iba a pautar una suba del gas que entraría en vigencia en enero. Se trata del incremento que iba a realizarse en octubre, pero el Ejecutivo postergó para evitar que coincida con la campaña electoral.

La suspensión del acto, informada por Lopetegui durante la presentación de un balance de sus gestión, allana la transición en un área sensible de cara al próximo mandato y se distingue de lo que ocurrió en provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal pautó un incremento del 25% en la electricidad a partir del comienzo de 2020, cuando ella ya no esté en el Gobierno. Su sucesor, Axel Kicillof, avisó que retrotraerá la medida.

Sin embargo, el Gobierno de Mauricio Macri le dejará a los usuarios una suba programada del 22% para los próximos meses. Se trata del monto correspondiente al último aumento, realizado en abril, que Energía decidió diferir durante el invierno en el marco de las políticas preelectorales de alivio y trasladar al verano. Ese incremento diferido se sumará a lo que las familias consuman entre diciembre y marzo, y se pagará en las facturas correspondientes a esos meses.

Herencia dolarizada

Una difícil decisión que deberá tomar Fernández es cómo continuar con la política tarifaria. Luego de casi una década de congelamiento, Cambiemos implementó una política de dolarización y reducción de los subsidios a la energía, que llevó al gas a subir alrededor del 2.200% en cuatro años.

El último aumento se realizó en abril y fue del 29% para los hogares. El gas en boca de pozo, el que le compran las distribuidoras a las petroleras y que representa el 60% del valor final, se fijó en una subasta a US$4,55 por millón de BTU y se pesificó a un tipo de cambio de $41. Esos costos permanecerían fijos durante seis meses y se actualizarían en octubre, de acuerdo a la evolución cambiaria, mientras que el costo de transporte y distribución (que representan casi el 40% restante del precio final) subiría en la misma proporción que la inflación mayorista.

La postergación del alza para 2020 hizo que el valor del gas en boca de pozo pesificado caiga a US$3,10 por millón de BTU. Si se trasladara totalmente la devaluación, el costo mayorista se dispararía 45,7%,

Sin embargo, Lopetegui afirmó que el valor hoy que se precisa para que sea "rentable producir gas en Vaca Muerta" es de US$3,50. Esto implicaría una suba mayorista del 13%. A eso, siempre de acuerdo al esquema que legará Cambiemos, se sumaría un ajuste del costo de distribución y transporte por el índice de precios al por mayor, que acumuló entre abril y octubre 34,1% y seguirá en alza en noviembre y diciembre. Para el secretario, esto redondearía un incremento necesario del 30% en las facturas. Un reciente informe de Invecq habló de un retraso de precios algo mayor: 35%.

En el Frente de Todos, conviven dos puntos de vista contrapuestos sobre cómo avanzar al respecto. Desde el PJ, promueven un congelamiento por 100 días y una revisión tarifaria integral para impulsar una paulatina pesificación de la energía, que le garantice rentabilidad a las empresas pero deje tarifas "pagables" para las familias y la industria. En el entorno de Guillermo Nielsen, en cambio, priorizan las inversiones para potenciar Vaca Muerta como fuente de divisas y apuestan a fijar por ley un esquema más similar al actual.

Resta conocer aún quién comandará la política sectorial de Alberto. Por el momento, el principal candidato es Sergio Lanziani, el actual ministro de Energía de Misiones.

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