El gobierno nacional aspira a que las exportaciones mineras pasen de los actuales u$s3.800 millones a u$s10.000 millones en 2025, y a superar lo que considera es el gran desafío de hoy que es el consenso social, “aceptando a la minería como una actividad económica más, cumpliendo con todas las normas que haya que cumplir”.

Así afirmó el subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Gustavo Lamothe, al hablar durante la Charla-Debate “ Minería en la Argentina ¿Regular o prohibir? Desarrollo, legislacion e impacto medioambiental”, organizada por el Círculo de Legisladores de la Nación y el Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (IEERI) presidido por el diputado (MC), Humberto Roggero. Del encuentro participaron entre otros el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, el titular de la Auditoría General de la Nación, Oscar Lamberto, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Marcelo Alvarez, el Secretario General del Círculo de Legisladores, Néstor Perl, y representantes del cuerpo diplomático de Gran Bretaña, Australia, Brasil, Perú y Bolivia.

Lamothe, Haquim, Hensel, Perl, Alvarez y Roggero.

Tras una introducción de Roggero, que destacó que “la minería es un tema estratégico para el país”, y resaltó que “la idea es decir Sí a la Minería, No a la Contaminación”, Lamothe habló de la actividad minera como “motor de crecimiento del siglo XXI en la Argentina”, y resaltó que la cantidad de empresas que invierten en exploración en el país “creció un 30 por ciento”. No obstante, comparó las cifras con la de otros países de la región: “Argentina tiene una inversión en exploración de u$s241 millones, mientras que Perú tiene u$s610 millones y Chile u$s577 millones; hay mucho camino por recorrer”. Se refirió a las explotaciones de cobre en San Juan, Catamarca y Salta, las de oro en Santa Cruz “con proyectos de mediana y gran envergadura”, y a la “vedette actual, que es el litio”, del cual se podrían llegar a producir 290.000 toneladas para el año 2023”.

También resaltó la necesidad de maximizar el impacto de la actividad en el empleo de las zonas donde se explotan recursos mineros, para lo cual “es necesario generar un entramado de proveedores”, y señaló como desafíos actuales la compensación de proyectos maduros, el fomento de la exploración, la mejora de la competitividad para atraer inversiones, reducir las actuales restricciones y llegar a un consenso social sobre la actividad.

En tanto que Alvarez, quien se emocionó al recordar su paso por la actividad legislativa como asesor del entonces diputado nacional Oscar Lamberto “con quien aprendí el valor del diálogo, respetando las diferencias y pensando siempre en el bien común y en el bien de mi país”, advirtió que “lo que veo en la minería tiene que ver con la conflictividad social, hay un gran sector de la sociedad que no quiere el desarrollo de la minería, porque ve que no está dejando nada, algo que a veces es una realidad”. Tras puntualizar que actualmente “hay 260 conflictos en América Latina relacionados con la minería”, Alvarez resaltó que “esta es una actividad finita, los recursos se acaban y no podemos pensar sólo en las generaciones actuales, hay que pensar los proyectos con un foco intergeneracional, que tenga que ver con cómo generar un desarrollo que permita que cuando se acabe el mineral esas comunidades puedan seguir trabajando en otras actividades económicas”. Destacó que “un eje fundamental es la necesidad imperiosa de generar un diálogo con provincias, ONG, legisladores y empresas, con todos los sectores sociales, para generar una minería responsable, sustentable, bien hecha y que respete los derechos humanos” y advirtió: “no hay otro camino, si no lo logramos, no vamos a tener minería sustentable en la Argentina”. Al respecto, ejemplificó que “Perú y Chile han iniciado hace un año un diálogo social, porque entendieron que la conflictividad social viene y viene con fuerza”. Y habló de otros dos ejes fundamentales para la actividad, que son la transparencia empresaria y una política de Estado “que se geste a partir del diálogo social, que genere previsibilidad pero también controles efectivos y cuyos resultados lleguen a la gente”.

El vicegobernador jujeño a su turno destacó distintos cambios que llevó adelante la provincia para impulsar la actividad minera, que “ha generado 4.000 puestos de trabajo en la Puna, y está generando otros 700 puestos de empleo directo en energías renovables”, y enfatizó que “pretendemos ser parte como Estado de todo el desarrollo de las inversiones mineras”.

Mientras que el sanjuanino Hensel puntualizó que en su provincia “logramos hacer convivir a la minería, la agricultura y el turismo”, y coincidió con Alvarez en la necesidad de “transformar el capital minero en nuevas formas, porque la minería es finita, y debe fomentar otras industrias”. A la vez que pidió “no perdernos en falsas dicotomías; no podríamos avanzar en el desarrollo tecnológico si no tuviéramos minería”, y aseguró que “no podemos como país depender sólo de la agricultura y la cosecha de la Pampa Húmeda; tenemos otra Pampa Húmeda en esa cordillera de los Andes que tenemos que desarrollar”. Agregó que “la principal industria exportadora de Catamarca, San Juan y Santa Cruz es la minería, con más de 30 mil puestos de trabajo”, y también consideró que “el gran desafío es sociabilizar la minería”. Y destacó la gran oportunidad que se abre para la Argentina con el desarrollo de los vehículos eléctricos, para cuyas baterías serán necesarios minerales que el país tiene en cantidad.