El Gobierno bonaerense anunció oficialmente ayer lo que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, había adelantado el fin de semana: sin salvataje, la provincia no está en condiciones de afrontar el pago del vencimiento del bono BP21 del 26 de enero y necesita reperfilarlo.

En concreto, el Ejecutivo de Axel Kicillof les propuesto a sus acreedores postergar la cancelación de los US$250 millones de capital hasta el 1° de mayo y cumplir en fecha con los US$27 millones correspondientes a los intereses. La principal duda es si logrará la aceptación de los tenedores de al menos el 75% de los papeles de este título antes del 22 de este mes o si, por el contrario, quedará en riesgo de caer en default, lo que complicaría también la reestructuración de la deuda soberana.

Kicillof planteó: “Una deuda elevadísima y una caja insuficiente son los factores que hacen que hayamos pedido a los tenedores de deuda que pospongan el pago”. Afirmó que María Eugenia Vidal dejó en la caja provincial $25.000 millones, en consonancia con lo que había dicho la propia exgobernadora, y aseguró que ese número “no alcanzaba para afrontar ni siquiera las obligaciones de los primeros días de gobierno”. Es que los vencimientos de enero suman US$571 millones, lo que equivale a unos $36.000 millones.

A la espera de la respuesta de los bonistas y como gesto de confianza, la PBA les envió una comunicación formal a los acreedores en la que garantizó que a partir del 21 de enero se pondrá a su disposición el pago de los 26.875.000 de euros de intereses.

“Esperamos de los acreedores un accionar de buena fe y madurez”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Al ser un título emitido bajo ley extranjera, su pago no puede ser pospuesto de forma unilateral, como hizo el Gobierno nacional semanas atrás con las Letes en dólares. Debe alcanzar un acuerdo con los tenedores. El BP21 cuenta con una cláusula de acción colectiva, un mecanismo implementado en Wall Street en las últimas décadas para evitar el desembarco de fondos buitres, que en este caso plantea que con obtener el visto bueno del 75% de los bonistas el resto debe acatar la modificación de las condiciones originales.

Los analistas consultados por este diario ven en la búsqueda de un reperfilamiento, ante la decisión de la Nación de no auxiliar a la provincia, una jugada riesgosa. De no conseguir el aval y no realizar el pago el 26 de enero, Buenos Aires caería en default el 10 de febrero en plena renegociación de la deuda soberana con el FMI y los privados.

La gran pregunta es qué harán los acreedores. “Es probable que acepten porque, como este bono cotiza a una paridad del 60%, los intereses que paga son un porcentaje importante de su valor de mercado. Si aceptan, cobran el interés y pueden mantener el título en condiciones de cumplimiento. Si entra en default, los tenedores se verían afectados por esa reclasificación”, consideró el director de Econviews, Miguel Zielonka.

En cambio, el analista Christian Buteler sostuvo: “No hay una propuesta concreta, sería ir al 1° de mayo sin saber qué van a ofrecer. Tampoco es lógico caer en default por US$250 millones porque complicaría a la Nación en su negociación. Es una jugada arriesgada para el inversor, pero si no acepta y le sale bien, cobraría en dos semanas”. En esa clave, en caso de un fracaso en la negociación, barajó la posibilidad de que el Tesoro finalmente realice el salvataje o que la PBA intente obtener los recursos del Banco Provincia.

Martín Kalos, economista jefe de Elypsis, planteó que la propuesta bonarense forma parte de una estrategia para apurar la negociación con los acreedores de toda la deuda provincial a reestructurar e intentar evitar el pago de este vencimiento de capital. Por eso, coincidió en que “si hace falta, la plata va a aparecer” porque “es un momento crítico para la renegociación de las deudas p

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