El procesamiento de más de una veintena de empresarios generó un fuerte revuelo interno en el sector privado, con cruce de acusaciones ante el reclamo de una reorganización de entidades tradicionales y de gran representación. En la Unión Industrial Argentina ( UIA) se activó una movida para desplazar al expresidente Juan Carlos Lascurain y al actual vicepresidente primero y director de Techint, Luis Betnaza. Mientras que en la Asociación Empresaria Argentina ( AEA) se instaló un fuerte malestar por la participación de varias de las empresas que la integran en la causa que investiga posibles actos de corrupción en obras públicas.

Horas atrás, un grupo reducido de la conducción de la UIA -entidad que conduce Miguel Acevedo- consensuó cerrar filas ante el ataque de un sector que integra la entidad pero que está afuera de la mesa chica. Fuentes industriales confiaron a BAE Negocios que una serie de dirigentes -entre los que identificaron al gráfico Juan Carlos Sacco y al expresidente Héctor Méndez- reclamaron el pedido de renuncia de Lascurain por encontrarse procesado con prisión preventiva.

Si se confirma la jugada, la estrategia busca un segundo objetivo: que siga esos mismos pasos Betnaza por incurrir en el mismo motivo que lo tiene procesado aunque sin estar preso. Esa meta desdibujaría el fuerte poder que tiene el Grupo Techint dentro de la UIA y dejaría paso al retorno de varios dirigentes que se sintieron "traicionados" en la conformación de la actual cúpula industrial.

La idea de Acevedo, iniciada en la gestión de Adrián Kaufmann Brea, fue desarticular la interna entre el grupo Industriales y la lista Celeste y Blanca, y había generado una tensión con los dirigentes desplazados. Sin embargo, el pedido de desplazamientos de Lascurain y Betnaza tuvo ascendencia entre dirigentes del segundo grupo. Y fue Industriales el espacio que se abroqueló detrás de los acusados.

"Hay una intención de debilitar a la UIA cuando es la entidad que menos participación tiene en la causa, y por el accionar de empresas que nada tiene que ver con la actividad industrial nacional", se quejó uno de los integrantes de la mesa chica de la entidad.

Para otro referente fabril, "se está intentando desarticular al empresariado nacional, como sucedió en Brasil, para dejar en debilidad a los intereses locales". "No podemos juzgar a nadie que no haya recibido una condena", aclaró otro empresario.

El malhumor entre los industriales se instaló porque además de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) -en donde revisten la mayoría de los procesados-, existen otras entidades con fuerte presencia de involucrados en la investigación que realiza el juez Claudio Bonadío. Se trata principalmente de AEA, que cuenta con la participación del los grupos Roggio, Techint, Corporación América e IMPSA, todos con directivos de primera línea en la lista de investigados. También, varios de los imputados, son parte del Coloquio de Idea, un cónclave que reúne a los grandes sectores empresarios del país.

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Ariel Maciel

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