La Corte Suprema de Justicia volvió a darle un revés al Gobierno nacional, al ordenarle al Ejecutivo a compensar a las provincias por las rebajas anunciadas tras las elecciones primarias en el Impuesto al Valor Agregado en alimentos de primera necesidad y Ganancias. Se trata de un fallo que tiene un costo fiscal de más de $30.000 millones y favorece a los quince gobernadores que recurrieron al máximo tribunal ante la pérdida de recursos coparticipables que les ocasionaron los decretos 561 y 567. Y que al equivaler a un 0,16% del PBI, podría incrementar en un 30% la meta pautada con el Fondo Monetario Internacional.

En el escrito firmado por la mayoría que conforman Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti -el presidente Carlos Rosenkrantz se opuso-, los jueces resolvieron que "los efectos fiscales sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a la Provincia de Entre Ríos sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a la Provincia de Entre Ríos".

Es decir, la Corte no dio de baja el decreto sino que obligó al Gobierno a financiarlo por su cuenta sin perjudicar a los gobernadores, que fueron los que se llevaron la peor parte. Por el momento, en el Ejecutivo evaluaban el mecanismo para llevarlo adelante, consideraron que el fallo no era del todo claro en este aspecto y casi descontaban que la negociación recaerá en la próxima administración (ver pie de la página 3).

En el ministerio de Hacienda estimaban que el costo del fallo estaba en torno a los $30.000 millones. Sin embargo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal llevó la cifra a $34.381 millones.

Los decretos en cuestión son los que redujeron el IVA al 0% para una serie de productos de la canasta básica y elevaron el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, todo en un intento por recuperar el voto de clase media que se le escapó al oficialismo y acotar el impacto en los alimentos de la última devaluación, ya que el beneficio dura hasta diciembre.

El Iaraf calculó que la eliminación del IVA tiene un costo de $11.300 millones y la baja de Ganancias $48.000 millones, lo que en total hacía $59.362 millones.

Ahora bien, como desde el 2018 Ganancias se coparticipa en su totalidad, la mayor parte de la financiación de la medida recaía sobre las provincias: el 59% o 34.381 millones. Por el contrario, el Tesoro y Anses sólo aportaban el 41% o $21.500 millones.

Así, el Gobierno nacional debería girar, por ejemplo, unos $7.062 millones a Buenos Aires y $395 millones a Tierra del Fuego siempre que no se incluyan en las proyecciones los hipotéticos recuperos por mayor consumo o actividad.

"Si así fuera la situación, el Tesoro Nacional tendría un aumento de erogaciones equivalente al 0,16% del PBI, 0,13% del PBI por el impuesto a las ganancias a las personas humanas y 0,03% del PBI por el impuesto al valor agregado", advirtió el Iaraf.

"Este dinero no es un monto menor teniendo en cuenta que con el uso de ajustadores autorizados por el FMI, el déficit primario de este año puede ser de 0,5% del PBI, por lo que el fallo significaría un aumento del 30%", evaluó el instituto cordobés. "Como esto no es posible porque en ese caso no se cumpliría con la meta del FMI, el Tesoro Nacional tendrá que encontrar otras fuentes de recursos para cubrir ese porcentaje", pronosticaron.

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