Un plenario de comisiones de la Legislatura porteña giró hoy al recinto el proyecto de ley para renovar la concesión del servicio de subte por 12 años y una prórroga por un año para que la empresa Metrovías, actual operadora, continúe al frente de la prestación hasta tanto la Ciudad finalice el proceso de llamado a licitación para definir el futuro de ese sistema de transporte.

Con los votos del oficialismo porteño, los diputados emitieron un despacho favorable en el marco de la reunión de las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Tránsito y Transporte y de Presupuesto en torno al proyecto del Ejecutivo que tiene fecha de debate en la sesión ordinaria del 2 de noviembre. 

Asimismo, los bloques de la oposición de Autodeterminación y Libertad, Frente para la Victoria, Suma+, Partido Socialista Auténtico, Corriente Nacional de la Militancia (CNM) y el Frente de Izquierda (FIT) presentaron seis expedientes que promueven la estatización del servicio luego de que finalice la actual concesión en manos de Metrovías.

La iniciativa del Ejecutivo autoriza a la administración porteña a llamar a una licitación pública nacional e internacional para la concesión del servicio por un período de 12 años, con la opción de tres más.

Los oferentes que se presenten a la convocatoria “deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros y deberán haber transportado en los últimos tres años no menos de 150 millones de pasajeros”, establece el proyecto.

También indica que “el concesionario deberá constituir una Sociedad Anónima cuyo único y exclusivo objeto sea prestar el servicio público de subte” y agrega que “la retribución del concesario por la operación y mantenimiento del servicio será establecida a través de un canon mensual/criterio pasajero-kilómetro”. 

Además, contiene una cláusula transitoria por la cual el Gobierno de la Ciudad podrá prorrogar el actual contrato de concesión a Metrovías hasta tanto el futuro adjudicatario "tome efectiva posesión del servicio", pero aclara que ello no podrá exceder del 31 de diciembre del 2018.

En la actualidad, la administración del subte está a cargo de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), dependiente del gobierno porteño desde 2012, cuando la Nación le transfirió el control, y la explotación del servicio corre por cuenta de Metrovías desde la década del 90.

En la reunión, a la que asistieron unos 35 legisladores, la diputada Laura Marrone, del FIT, planteó 2el retorno de la estatización del servicio de subtes y el control de su servicio por parte del Estado, y la disolución de la empresa estatal Sbase por su incompetencia y la creación de una nueva constituida por representantes de trabajadores, usuarios y del Ejecutivo”.

En consonancia, el sindicalista y conductor de la línea D de subte Castellano García respaldó la iniciativa de la Izquierda y aseguró que los trabajadores “padecen diariamente la compra de materiales rodantes obsoletos que realizó base, los problemas mecánicos y de los vagones, también por cuestiones de mal mantenimiento” y criticó también a la Legislatura por “su falta de control”. 

En tanto, el presidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos, Diego García de García Vilas, aseveró que “el control seguirá a cargo de Sbase y solo se concesionaria el mantenimiento y la operación”.

El funcionario remarcó, a su vez, que el canon establecido para la nueva empresa será “en función de la oferta de servicio” y no fija como el anterior, y aseguro que “se garantizarán los derechos laborales” del personal que en la actualidad trabaja para Metrovías.

Gabriel Fuks, del bloque de la CNM, criticó “el rol pobre que se le asigna al ente regulador y el poco control ejercido por la Legislatura en el funcionamiento del servicio”, además de sumarse al reclamo de diferentes bloques por la discusión sobre la necesidad del oficialismo de obtener 40 ó 31 votos para la aprobación del proyecto oficial.

Es que, por un lado, el interbloque de Vamos Juntos aseguró que se necesitan 31 votos por considerar que se trata de la concesión de un servicio público, mientras que la oposición reclamó que se requieren 40 al sostener que se está poniendo en consideración "un dominio público".