El Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzará a auditar las cuentas fiscales de la Argentina a partir del martes, en el marco de la misión encabezada por el encargado para el país, Roberto Cardarelli, quien arribó a Buenos Aires la semana pasada.

Tras la reunión que mantuvo con funcionarios del Banco Central para analizar los números de la autoridad monetaria, Cardarelli y su equipo mantendrán un encuentro con representantes del ministerio de Hacienda y el jueves, con la cartera de Finanzas que conduce Luis Caputo.

Se trata de la revisión habitual de la economía que realiza el FMI con todos sus países miembros, según establee el artículo IV del organismo, y que durante el kirchnerismo se había dejado de cumplir.

Con el cambio de signo político de Gobierno en 2015, la Argentina volvió a estar auditada por el Fondo, tras la recuperación de las estadísticas oficiales confiables. Esta será la segunda reunión que mantiene el Ejecutivo con los representantes del Fondo.

Asimismo, el Gobierno y el FMI pasarán revista al plan de reformas que presentó el lunes de la semana pasada el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner.

Lo cierto es que Cardarelli mantendrá encuentros durante estas dos semanas en las que recolectará datos de la economía argentina para la elaboración del informe, que se publicaría en las últimas semanas del año, luego de ser presentado ante el directorio de la entidad conducida por Christine Lagarde.

Para el FMI, la cuestión fiscal es clave. El fondo considera que “sería crítico cumplir con el objetivo anunciado de recortar el déficit fiscal federal primario en 2% en 2018/19”. En ese sentido, el Gobierno tiene a favor que en el tercer trimestre se sobrecumplió la meta fiscal, con un déficit que descendió al 2,2% del Producto Bruto Interno por el equivalente a $222.379 millones.

En cuanto al gasto público, el FMI recomendó “nuevos recortes de los subsidios generosos y mal focalizados de la energía” y “una racionalización en muchos otros ámbitos, como salarios, bienes y servicios y transferencias discrecionales al sector privado y a las provincias”.

El Fondo también puso el ojo en el empleo público, sobre el que pidió aplicar una “reducción estructural”, que el Gobierno ya reconoce públicamente que implementará.

Por otro lado, el organismo multilateral propuso “dotar de mayor flexibilidad a los mercados laborales, reducir la informalidad, abrir la economía al comercio internacional y mejorar la competencia interna en los mercados”, lo cual va en línea con el proyecto de reforma laboral presentado por el Ejecutivo, que ya empezó a negociarse con los sindicatos.