Con aires y gestos no exentos de pompa, el Gobierno Nacional relanza su gestión, luego de la oxigenación política obtenida en los pasados comicios. El remozamiento incluye tanto cambios en el elenco de ministros, entre los que se destaca el ingreso del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Etchevehere, en la titularidad de la cartera de Agroindustria, como la presentación de nuevas iniciativas.
En el acto convocado la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner y frente a una  nutrida concurrencia que reunió a mandatarios provinciales, legisladores, magistrados, y dirigentes políticos, empresariales y sindicales, el Presidente de la Nación leyó su discurso, en el que presentó los lineamientos prioritarios de la acción gubernamental. En la ocasión, no se privó de afirmar “somos la generación que está cambiando la Argentina para siempre”. Sólo el devenir  histórico mostrará cuánto de cierto podría tener tan ampulosa afirmación.


Los tres ejes

En palabras del primer mandatario, que a su vez dieron nombre y carácter a la convocatoria, se trata de las “propuestas para promover un acuerdo nacional”, las que se desarrollan en tres ejes principales: la cuestión fiscal, la del empleo y la de la llamada “calidad institucional”. Al momento de escribir el presente artículo, no se conocen con precisión las propuestas definitivas, aunque las relativas a las modificaciones de los regímenes impositivos fueron presentadas, en sus grandes trazos, por el ministro Nicolás  Dujovne, y serán objeto de análisis en próximas entregas.
Sí existe una propuesta concreta de modificación de regulaciones en materia laboral y previsional, que hasta la fecha reviste el carácter de borrador (lo que implica que puede ser modificada o incluso sustituida), que amerita ser considerada. Previo a ello, conviene repasar las actuales condiciones del mercado de trabajo.


El mercado de trabajo y las inconsistencias en su registración

Amén de las inconsistencias del esquema económico que hemos señalado repetidamente, ellas también aparecen en el seguimiento del mercado de trabajo. En este aspecto, existen, por una parte, las  derivadas de los registros administrativos, que conllevan la limitación de la ausencia de cobertura del trabajo no registrado. Y por otra parte, los relevamientos sistemáticos del INDEC que, en la actualidad sólo alcanzan a 31 grandes aglomeraciones urbanas, excluyendo tanto al resto de la población urbana como a la totalidad de la población rural.

La inconsistencia de las estadísticas de registro, para mejor ilustración, se ejemplifica con las cifras oficiales que están publicadas en los distintos informes basados en las nóminas gubernamentales. El último informe disponible de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ofrece las cifras relativas al mes de marzo de 2017, razón por la que las comparaciones de los reportes referirán a dicho período. Según la autoridad tributaria, el número de personas registradas, identificadas bajo la categoría “aportantes”, alcanza a 10.173.540.
Para el mismo período el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), presenta dos informes. En el primero de ellos, denominado “Boletín Estadístico de la Seguridad Social“, registra 11.733.837 aportantes para el mes bajo examen; en el segundo, llamado “Situación y evolución del total de trabajadores registrados”, la cantidad de trabajadores inscriptos asciende a 12.117.700. Como es fácil de apreciar, las discordancias son de magnitudes millonarias, no sólo entre organismos sino también entre los informes de una misma institución.

La dinámica de crecimiento en la categoría monotributo es coincidente con la  eliminación de la restricción al acceso al sistema de asignaciones familiares. 

Explicitadas las incongruencias, pasamos a revisar la dinámica que refleja este último informe en la versión correspondiente al mes de junio de 2017, para su posterior comparación con los datos de las encuestas. De acuerdo a esa estadística, la cantidad de empleos existentes, siempre en referencia a personas inscriptas en los registros, sería en la actualidad mayor al número observado en noviembre de 2015, en más de 123.000.
Como podrá observarse en la tabla que se presenta a continuación, se registran incrementos en las categorías asalariados públicos (+37.300), Asalariados de casas particulares (+20.100), Independientes monotributo (+78.800) e Independientes monotributo social (+44.000). Los decrecimientos se registran en las categorías Asalariados privados (-49.300) e Independientes autónomos (-7.700).

 

En resumidas cuentas: las categorías más típicas de la registración en el empleo privado (Asalariados privados e Independientes autónomos) presentan caídas; las categorías asociadas al empleo en el sector público son las que crecen: los Asalariados públicos y los Independientes monotributo social (forma de registración de las personas incluidas en programas sociales). La excepción pareciera ser la de la categoría Independientes monotributo, cuya dinámica de crecimiento es coincidente con la  eliminación de la restricción al acceso al sistema de asignaciones familiares.  De manera que, el crecimiento del número de personas inscriptas pareciera explicarse por el aumento en el empleo público y los planes sociales (+81.300 en total) y por la inscripción de monotributistas, que no necesariamente implica la creación de nuevas posiciones, sino más bien expresa un proceso de registración de puestos prexistentes, bajo el incentivo de la posibilidad de cobro de asignaciones familiares.

La fuerza de trabajo registrada y no registrada

El seguimiento de los niveles de actividad, ocupación y desocupación y otros indicadores para todos los trabajadores independientemente de su registración o no, debe realizarse a través de encuestas. Como mencionáramos, la limitación de la encuesta oficial de la Argentina -Encuesta Permanente de Hogares (EPH)- es que su administración se restringe a los 31 aglomerados urbanos que integran el estudio.
El más reciente informe sobre la evolución del mercado de trabajo del INDEC, referido al segundo trimestre de 2017, destacó que la desocupación alcanzó al 8,7% de la población económicamente activa (PEA) residente en las aglomeraciones urbanas abarcadas. Respecto a los períodos anteriores correspondientes a la actual gestión de gobierno, la cifra marca un decrecimiento, aunque concomitante con la disminución (en términos absolutos y relativos) en el tamaño de la población económicamente activa medida por el organismo oficial.
Para el segundo trimestre de 2017, la PEA representaba al 57,4% de la población de 14 y más años de edad –asimilable al concepto de población en edad de trabajar (PET)-, mientras que en el tercer trimestre de 2015 alcanzaba al 57,9%. En cuanto a la tasa de empleo, la reducción es de 1,3 puntos porcentuales (p.p.), descendiendo de 53,7% a 52,4%.

A pesar de lo controversial de los datos contenidos en los diversos reportes oficiales sobre la situación del mercado de trabajo, emerge con nitidez que la situación es de notorio deterioro respecto a la de dos años atrás.

Dados los límites de cobertura de la encuesta oficial, las magnitudes para el total del país deben ser estimadas a partir de modelos, para lo cual tomamos como período base el mencionado tercer trimestre de 2015. De acuerdo a las proyecciones demográficas, y aplicando las variaciones detectadas en EPH a tasas específicas para las poblaciones no observadas, una reducción de aquella magnitud en la PEA (de 5 décimas de p.p.) significa que la cantidad de personas activas se incrementó en alrededor de 300 mil, una magnitud significativamente inferior al crecimiento esperado ya que, de mantenerse la participación en la fuerza de trabajo de 2015, el aumento debiera haber sido cercano a las 470.000 personas.


En lo que respecta a la baja en el empleo (de 2,1 p.p.) el resultado es que hay 267.000 personas menos ocupadas en 2017 que las que había dos años atrás; para mantener la tasa de empleo equivalente a la de 2015, haría falta que 710.000 personas más estuvieran ocupadas. De las cifras oficiales presentadas en cuanto a personas activas y personas ocupadas, finalmente se deduce que el número de desempleados sólo se incrementa, entre 2015 y 2017, en alrededor de 565.000, centralmente por el efecto de la reducción de la tasa de actividad; si ésta se hubiera mantenido en los niveles de 2015, la cifra de nuevos desocupados ascendería a 710.000.

A pesar de lo controversial de los datos contenidos en los diversos reportes oficiales sobre la situación del mercado de trabajo, emerge con nitidez que la situación es de notorio deterioro respecto a la de dos años atrás. No deja de ser llamativo que, en un contexto de pérdida de puestos de trabajo, la población económicamente activa se contraiga. Ante la pérdida de las ocupaciones prexistentes, el efecto esperable es el contrario: la PEA tiende a crecer dado que pasan a buscar trabajo, además de las personas que no conservan su puesto, algún otro miembro del hogar hasta el restablecimiento de la fuente de ingresos perdida. Es decir que la persona no ocupada permanece en la PEA y los restantes integrantes del grupo familiar se incorporan como nuevos oferentes.

El borrador de reforma laboral

La extensión del borrador y la diversidad de temas abordados en los 145 artículos que contiene, obligan a seleccionar lo que, a nuestro criterio, constituyen los principales temas. En primer término, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) propone medidas tendientes a la regularización de los asalariados no registrados del sector privado, con exclusión del personal bajo el régimen de casas particulares, que representan alrededor del 25% de los “trabajadores en negro” según las encuestas oficiales de fuerza de trabajo. El proyecto dispone la eximición o reducción de multas y deudas (tanto capital como intereses) y la extinción de las acciones penales para los infractores, si el acogimiento al régimen de regularización se produce dentro de los 360 días. Si bien inicialmente ello puede suponer un costo fiscal de importancia, podría verse compensado por el incremento en la recaudación logrado a partir de la mayor registración.

Desde el punto de vista del trabajador, se establece la posibilidad de reconocimiento, a los fines de la seguridad social, de hasta 60 meses de antigüedad y calculados sólo por un monto mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), limitante que podría afectar los futuros haberes jubilatorios. El proyecto cambia también las penalidades en los casos de no registración, disminuyendo los costos de las multas (25% del SMVyM) y dirigiéndolo sólo a la Seguridad Social. En la ley vigente, el infractor debe reparar al trabajador en proporción a las remuneraciones devengadas. En el título II del borrador, se establecen bajas en las contribuciones patronales al sistema de seguridad social, al igual que respecto a los aportes del trabajador.

Los aspectos que seguramente serán más controversiales son los que modifican las relaciones individuales de trabajo y están contenidos en el tercer título. Las disposiciones no alcanzan a trabajadores de casas particulares, agrarios y a los “trabajadores autónomos económicamente dependientes”, novedosa figura del proyecto y similar a la de la nueva legislación brasilera.
Esta última figura, definida como las “personas que presten servicios especializados, realizando una actividad económica o profesional a título oneroso, de manera habitual, personal y directa, para una  persona física o jurídica de la que dependan económicamente hasta el OCHENTA POR CIENTO (80%) de sus ingresos anuales, quienes se regirán por una regulación estatutaria especial.” Esta figura sin duda facilita el enmascaramiento de relaciones de dependencia, especialmente si los trabajadores cuentan con otra fuente de ingresos no laborales. En conjunto con el capítulo III de este título, que permite que el trabajador independiente cuente con hasta cuatro “trabajadores independientes colaboradores”, podrían constituir un incentivo a la tercerización de tareas y responsabilidades.

En la misma línea se sitúa la extinción de la responsabilidad solidaria de la empresa principal en los casos de subcontratación y delegación. Otros aspectos que cambian el modo de ejercicio de los derechos laborales, se encuentran en la posibilidad que se otorga al empleador para la modificación de jornadas y condiciones de trabajo, especialmente en la creación de los “bancos de horas” que permitirían compensar a lo largo del año las extensiones de jornadas reduciendo así el pago de horas extras. En idéntico sentido se modifican las condiciones de los contratos a tiempo parcial.

Otro cambio notable es el que se promueve respecto a las indemnizaciones por despidos sin causa. Para la determinación del monto de la indemnización se excluirán todos los conceptos (aguinaldo, horas extraordinarias, premios y bonificaciones, etc.) diferentes del sueldo, abaratando sensiblemente los costos de las desvinculaciones. Asimismo, mediando el acuerdo de los sindicatos, podrían establecerse “fondos de cese” para que asuman los pagos de las indemnizaciones que correspondieren, liberando al empleador de la carga directa del pago.Como dijimos, el proyecto es muy extenso y razones de espacio nos obligan a priorizar los aspectos destacados. Hemos eludido todos los capítulos destinados a los programas de formación continua que, si bien presentan aspectos prometedores, también alientan programas de pasantías que no requieren de la intervención de las instituciones educativas, facilitando la sustitución de empleados por “pasantes”.

Los resultados esperables

Resulta difícil vincular las disposiciones del proyecto con los declamados objetivos de aumento del empleo y su cualificación. Los incentivos a la registración del régimen de regularización mejoran la calidad del vínculo laboral, pero no se ofrecen estímulos a la creación de nuevos empleos, salvo que así se considere a las mayores facilidades para la tercerización y el abaratamiento de los despidos. También se deriva una importante afectación de los sistemas de Seguridad Social, aunque se prevé serán compensados por el Tesoro Nacional.
El itinerario de esta reforma recién comienza y no será necesariamente corto ni exento de dificultades. Faltan escuchar las opiniones de los principales involucrados: las organizaciones de los empresarios y de los trabajadores, de quienes se espera un especial y determinante protagonismo. El jefe del bloque de la oposición en el Senado de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, ya adelantó que su fuerza estaría dispuesta a “avanzar en lo que los sindicatos acompañen”, mientras que la Confederación General del Trabajo, al tiempo que suspendió las reuniones previstas con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, inició una ronda de consulta entre los cuerpos orgánicos de las organizaciones que la componen, de la que surgirán los lineamientos de acción frente a la iniciativa gubernamental.


*MM y Asociados