Finalmente, el Banco Central ( BCRA) dio marcha atrás y eliminó la exigencia para que las personas humanas presenten ante el organismo una declaración jurada de sus activos en el exterior, un requerimiento que había impuesto en diciembre de 2017 y cuyos primeros datos debían ser entregados en estos días. De este modo, el organismo monetario respondió al pedido de contadores y abogados, que se quejaban de que esa información ya era suministrada a la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) y generaba un costo extra innecesario para los contribuyentes. Lo que sí mantuvo el Central es la exigencia de aportar esa información para las personas jurídicas, con el compromiso de utilizar los datos sólo a fines estadísticos.

En rigor, a través de la Comunicación A6594 emitida el último viernes, el BCRA informó "que se ha dispuesto que las personas humanas queden eximidas de la declaración de los activos externos en el marco del Relevamiento de Activos y Pasivos Externos". Este relevamiento fue reformulado por el Central el 26 de diciembre de 2017, durante la gestión de Federico Sturzenegger y modificaba uno que regía desde 2004, con la inclusión de las personas humanas en esta exigencia como uno de los principales cambios.

"Es un gran alivio para todos los contribuyentes que tienen portafolio en el exterior y que además en algunos casos habían entrado en el sinceramiento fiscal", explicó a BAE Negocios César Litvin, CEO de Lisicki Litvin & Asociados. "Este relevamiento hacía que tengan una carga de trabajo muy importante sobre datos que el Estado ya los tiene en la base de datos de la AFIP. Requería muchas horas de trabajo, horas que si se valoriza en un trabajo profesional era mucho más cara que la multa, que era de $6.000", agregó.

En ese sentido, el mes pasado, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas envió una carta al BCRA pidiendo directamente que se deje sin efecto la Comunicación A6401, que justamente fue la que impuso Sturzenegger en 2017. La nota estaba firmada por Humberto Bertazza, presidente de esa institución, y por Graciela Núñez, secretaria de la misma, y se amparaba en que la información solicitada ya se encuentra en poder de la AFIP y de los bancos. "Además del tiempo que demanda la carga de datos, se requiere previamente disponer, analizar y extraer de la documentación obrante, la información que el sistema requiere para su transmisión, previa validación y control", señalaba.

Otro dato que preocupaba a los contribuyentes, según destacaba Litvin, es que el BCRA, a diferencia de la AFIP, no tiene la obligación de mantener el secreto fiscal. "La AFIP está obligada a guardar secreto fiscal de esos datos pero el BCRA no, con lo cual esta información podría llegar a manos de cualquier funcionario o empleado del BCRA y eso le generaba mucha incertidumbre al contribuyente", explicó.

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