Las provincias que firmaron hoy el Consenso Fiscal se comprometieron a dar de baja todos los juicios contra Nación que involucren una discusión sobre el reparto federal de fondos. El valor de esos reclamos ascendía, estiman, a $340.000 millones, pero fueron solucionados extrajudicialmente a través de un giro de $125.000 millones a lo largo de once años como compensación. Para eso, la Nación emitirá un bono por $80.000 millones que genere servicios anuales por $5.000 millones en 2018 y $12.000 M desde 2019 hasta 2028. Todos esos saldos se repartirán entre las provincias a partir de sus coeficientes de coparticipación. 

Los compromisos asumidos por las provincias, de acuerdo al texto del Consenso Fiscal, incluyen: 

  • Ingresos Brutos: eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien. Desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las vinculadas con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios. Establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor generado por retenciones y percepciones en seis meses. El cronograma de reducción de tasas será de cinco años, tras los cuales quedarán exentas las actividades primarias e industriales. El comercio, por ejemplo, mantendrá su alícuota general de 5%.
  • Juicios: Los mandatarios aceptaron desistir inmediatamente de los procesos judiciales ya iniciados relativos al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y a transferencia de competencias. Buenos Aires, por su parte, renunciará al reclamo ante la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano. 
  • Impuesto inmobiliario: las provincias adoptarán para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidas por el organismo federal. Para ello, las provincias y la CABA asegurarán a ese organismo federal acceso a los registros catastrales y demás registros locales. En los casos en que el tributo fuera de competencia municipal, los gobiernos provinciales impulsarán acuerdos para que los municipios apliquen igual criterio para la determinación de la base imponible. Por otra parte fijarán alícuotas del Impuesto Inmobiliario en un rango entre 0,5 y 2%.
  • Impuesto a los sellos: Las provincias establecerán una alícuota del 0,75% a partir de 2019, 0,5% a partir de 2020, 0,25% a partir de 2021 y eliminarlo a partir de 2022.
  • Municipios: los gobernadores deberán negociar con los intendentes cómo establecer un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales con los municipios e implementar un programa de responsabilidad fiscal, similar al nacional, para sus municipios, impulsar que éstos adhieran y controlar su cumplimiento. Por otra parte, buscarán la adecuación de las tasas municipales aplicables en las respectivas jurisdicciones de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio.

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Mariano Boettner

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