El Gobierno nacional rescindió ayer el contrato con la firma española Isolux para la construcción de la central termoeléctrica de Río Turbio, ante la falta de avances en el proyecto investigado por la Justicia por sobreprecios. De acuerdo a la resolución 144 de la secretaría de Energía Eléctrica , el grupo ibérico "no ha cumplido con su obligación de ejecutar, mantener y reparar las obras conforme a los pliegos licitatorios y las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes", por lo que ordenó "la inmediata toma de posesión" de la obra.

En diciembre de 2007, el entonces ministro de Planificación Julio de Vido adjudicó por u$s665 millones al grupo de origen ibérico la construcción "llave en mano" de esta central a carbón en Santa Cruz. Diez años después, el ex funcionario kirchnerista fue procesado y detenido por presuntas irregularidades en el contrato. Las obras están paralizadas desde el cambio de gestión a fin de 2015 y el Ejecutivo resolvió quitárselo luego de que se venciera el plazo previsto el 1 de febrero de 2017.

"Los trabajos fueron interrumpidos en marzo de ese año y se requiere de no menos de 24 meses para su terminación", argumentó el ministerio de Energía en la resolución, que advirtió que el avance físico de la obra principal es del orden del 85% "mientras se constatan diversos grados de progreso (o ninguno) en las distintas variantes aprobadas".

Es que en julio del año pasado el Isolux solicitó el concurso de acreedores.

Sin embargo la compañía española también quedó involucrado en una operación que ya está siendo investigada por la Justicia en la que le vendió al grupo Socma seis parques eólicos -que ganaron licitaciones de Energía pese a su delicada situación financiera y su historial de incumplimientos-, y que luego el grupo empresario de la familia del presidente revendió. En ese pase de manos, Socma se hizo con al menos u$s15 millones.