La filtración de información financiera de los Panamá Papers permitió recuperar 1.200 millones de dólares en multas e impuestos en todo el mundo, según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( ICIJ) en un informe publicado al cumplirse tres años de que se expusieran los documentos.

Asimismo, en América latina, la filtración dejó al descubierto el modus operandi utilizado por grandes corporaciones, empresarios, políticos y celebridades para fugar, evadir y lavar dinero, sostiene la Fundación SES en un relevamiento detallado sobre las consecuencias directas de los Panamá Papers.

Según SES, en 65% de los países de la región se iniciaron investigaciones judiciales o administrativas vinculadas a las revelaciones pero solo en 12% de los casos -en Brasil y Ecuador- hubo sentencias firmes.

En el resto de los países de la región, la Argentina entre ellos, las causas no avanzaron o fueron desestimadas.

El presidente, Mauricio Macri, fue uno de los cinco jefes de Estado que aparecieron en la base de datos del estudio de abogados Mossack Fonseca, compartiendo el directorio de la offshore Fleg Trading, con domicilio en Las Bahamas, con su padre, Francisco, y su hermano Mariano.

El mandatario fue sobreseído y el juez se declaró incompetente luego de que Francisco Macri, que falleció el 3 de marzo pasado, declarara que había puesto a sus hijos como titulares de sociedades sin consultarlos.

Tampoco se registraron avances en el resto de las causas contra empresarios argentinos por presunta evasión y omisión maliciosa aunque sí se logró recuperar una "pequeñísima" parte del dinero evadido, algo que la Fundación SES definió como "resultado colateral"de los Panamá Papers.

Según su relevamiento, unos 104 millones de dólares volvieron a las arcas del Estado mediante la amnistía fiscal que implementó el gobierno en 2016, a la que se adhirieron 125 empresarios argentinos clientes de Mossack Fonseca, entre ellos el hermano menor del presidente, Gianfranco.

En la región, la mitad de los 17 países relevados recuperó una porción de los impuestos evadidos.

Solo en 29% de esos países -Ecuador, Venezuela, Brasil y Uruguay- se registraron detenciones, renuncias o desplazamiento de funcionarios implicados.

Mientras, en cinco naciones, entre las que el ICIJ cuenta a la Argentina, hubo alguna modificación legislativa, normativa o regulatoria para intentar abordar los abusos del mundo de las offshore.

La Fundación SES aclara, sin embargo, que en la Argentina las modificaciones fueron prácticamente nulas porque si bien se presentaron propuestas legislativas, no prosperaron.

En su informe, SES subrayó que los Panamá Papers son un ejemplo contundente para entender cómo personas se sirven de los servicios financieros para ocultar, evadir y lavar sus activos.

El coordinador del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo de la Fundación SES, Adrián Falco, afirmó que el negocio del que Panamá y Mossack Fonseca son apenas eslabones mueve entre 7.600 y 32.000 millones de dólares provenientes de maniobras financieras de empresas, del crimen organizado y de la corrupción política.

En ese sentido, remarcó la necesidad de terminar con el secreto bancario y financiero y contar con registros públicos de los beneficiarios reales de las sociedades.

Por último, subrayó que pese a los avances logrados gracias a la presión de la "militancia" civil, de los periodistas de investigación y de los movimientos sociales, las medidas implementadas para desalentar la evasión son insuficientes: "El mundo offshore goza de buena salud". aseveró.

La Fundación SES es una ONG creada en 1999 y dedicada a "promover la inclusión juvenil en riesgo, con un enfoque en el desarrollo de sus derechos", según su sitio web.

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