El debate por una nueva reforma previsional que incluya una suba de la edad jubilatoria e implique un cambio integral del sistema se colará desde el comienzo de la gestión que inicie el 10 de diciembre próximo, independientemente de cual sea el signo político que en ese momento se encuentre al mando del Ejecutivo. Las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional incluyen, también, la sanción de leyes que modifiquen las actuales regulaciones laborales y cambios más agresivos en la política tributaria.

Este aspecto formará parte de las negociaciones que habrá que afrontar con el organismo de crédito multilateral por la devolución del préstamo récord de más de US$50.000 millones que le concedió a la Argentina.

Mientras en Cambiemos buscarán insistir con el "blanqueo" laboral junto con un paquete de flexibilización que en 2017 no pasó el filtro del Congreso, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández -tras un comienzo errático en el que habló de subir la edad de retiro-, adelantó que buscará incrementar las jubilaciones en un 20% a partir de la derogación de la ley que cambió el método de actualización de los haberes, sancionada al calor de las protestas de diciembre de ese año. Al mismo tiempo, prometió eliminar la emergencia previsional incluida en la Reparación Histórica y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la mínima.

Para los expertos que trabajan en ese espacio, la reparación histórica fue el "huevo de la serpiente" para un eventual regreso de las AFJP, mediante la introducción de la PUAM, que en los hechos se convirtió en una nueva mínima, para quienes no cuenten con los 30 años de aporte reglamentarios.

Esa tarea continuó primero con el cambio de fórmula de movilidad jubilatoria que llevó la tasa de sustitución del 60% al 48%, en línea con los papers de recomendaciones del Fondo y luego al elevar el monto que puede deducirse de Ganancias para los seguros de retiro.

En el FdT entienden que el paso que falta es poder derivar los aportes previsionales a entidades privadas como ocurría en los años noventa. "Ya tienen todo listo", aseguran, dando por descontado que se avanzará en ese sentido en un eventual segundo mandato de Mauricio Macri, y mediante otro recorte en la tasa de sustitución hasta el 30% como pide el FMI.

En ese marco, también se debate la elevación de la Anses a rango de ministerio y absorber otras áreas del ámbito laboral como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

De todas formas, la posibilidad de implementar estas medidas en un eventual gobierno de los Fernández también dependerá de lo que plantee el ministerio de Economía, que contará con recursos limitados y severas condicionalidades por parte del FMI.

Para el abogado previsionalista Adrián Troccoli, hay un problema de "frazada corta" respecto a cómo se podría financiar una suba en las jubilaciones, como señalaron los economistas que criticaron la propuesta de Alberto.

"La edad jubilatoria tiene que estar sobre la mesa. Pero el gran problema es la informalidad, que el kirchnerismo tampoco logró bajar del 40%", sostuvo.

En cuanto al cambio de fórmula, para Troccoli "no garantiza que se le gane a la inflación, como también ocurrió con el método anterior". Respecto a las moratorias y la PUAM, consideró que esta última no debería eliminarse. "Hay que buscar un mecanismo de jubilación proporcional, para que el que no aportó nunca y al que le falta un año, no terminen ganando lo mismo, que es lo que termina ocurriendo con las moratorias, lo cual es inequitativo", evaluó.

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Ignacio Ostera

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