A partir de los cambios que hizo la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ( ARBA) a los matarifes que los obliga ahora a ser agentes de retención de Ingresos Brutos de las carnicerías, se generó un reclamo del organismo recaudatorio por una deuda de $8 millones por no haber depositado dichos impuestos en lo que va del año. Los faenadores evalúan ahora dejar de comprar hacienda en el Mercado de Liniers por una semana.

Luego de que tiempo atrás se empezará a poner la lupa sobre el sector cárnico, tanto a nivel nacional como provincial, un tema que empezó primero por los frigoríficos para luego seguir con los matarifes quienes tienen ahora la posta de introducir a las carnicerías a la cadena. Sin embargo, la ilegalidad en el último eslabón pone en juego el control de policía que debería tener el Estado.

El primero de enero de 2018 los matarifes debían ser agentes de percepción, que es del 8% en el caso de que las carnicerías que no estén en el padrón de ARBA. Sin embargo, la alta ilegalidad hizo que los faenadores presenten un recurso de amparo ante el ente recaudador para posponer la medida con el objetivo de buscar una solución.

Mientras se daba este intercambio de opiniones, ARBA empezó a enviar cartas documentos desde el primero de abril para que los matarifes paguen por el no pago del los II.BB., que asciende a $8 millones.

Fuentes del sector buscaron intermediarios tanto en la Secretaría de Agroindustria como en el Ministerio de Agroindustria bonaerense para que se frene el pedido ante la amenaza de dejar de comprar hacienda lo que perjudicaría el abastecimiento en las carnicerías de la provincia de Buenos Aires. Un tema que sería muy delicado frente a la caída del consumo de la mano del aumento de precios que sufrieron los distintos cortes de carne.

El eje de la discusión pasa porque los titulares de las carnicerías no aparecen. El Gobierno sabe que hay una ilegalidad cercana al 80%, cuyos dueños es sabido pertenece a CUIT de residentes orientales.

El control entonces recae en los municipios quienes son los que autorizan la apertura de las carnicerías. En todo caso se deberían enviar inspectores para saber si tienen los papeles en regla, pero parece que nadie lo quiere hacer.

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Merino Soto

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