El Gobierno nacional financiará retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas en las plantas de empleados estatales provinciales y municipales, de acuerdo al Consenso Fiscal firmado ayer en la Casa Rosada con los gobernadores. El texto del pacto afirma que el programa de retiros incluirá incentivos para la reinserción laboral en el sector privado.

Forma parte de una de los puntos comprometidos por el Estado nacional. El inciso o) de los “Compromisos asumidos por el Gobierno nacional” implica “financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales. Esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral”. Según afirmaron fuentes oficiales, con este programa el Gobierno nacional tratará de “lograr que empleados públicos de algunas provincias que ya están en edad jubilatoria finalmente se retiren”. Una vez que quede la vacante en ese puesto laboral, “habrá que analizar si realmente se necesita reemplazo o no”, explicaron desde la Casa Rosada.

No es la primera vez que el Gobierno nacional achaca con la necesidad de bajar el peso del empleo público. El proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal, cuya aprobación en el Congreso también está incluida en el Consenso firmado ayer, sostiene que la planta de empleo público no podrá crecer a un ritmo mayor de crecimiento vegetativo de la población, y que las administraciones provinciales no podrán contratar nuevos empleados antes de un cambio de administración. Sólo “las jurisdicciones que hayan alcanzado un resultado financiero (base devengado) superavitario o equilibrado podrán incrementar la planta de personal asociada a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales, como educación, salud y seguridad”, afirma el proyecto.

De acuerdo a las últimas cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, la cantidad de empleos públicos provinciales ascendía en 2016 a 2.297.491, mientras había 451.888 de trabajadores estatales en municipios. Durante todo el año pasado, el ritmo de crecimiento de la planta de trabajadores públicos de cada nivel del Estado mostró diferencias: “mientras que tanto el sector público municipal como el provincial mostraron crecimientos interanuales del 2,4% y 0,9% respectivamente; el sector público nacional registró una caída de 0,2%”, explicó el último informe. Un grupo de provincias mostró una expansión por encima de la media (Tucumán, San Juan, Formosa, La Pampa, Neuquén, Corrientes y Jujuy). Otro conjunto de provincias presentó una expansión moderada del empleo público (CABA, Santa Fe, Salta, Misiones, La Rioja, Catamarca y Rio Negro) y en cinco se registró una contracción de la dotación de personal provincial (Buenos Aires, San Luis, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero).

El Fondo Monetario Internacional, en su informe Monitor Fiscal de abril de este año, había marcado al empleo público nacional como un problema y había propuesto para eso una reducción gradual por medio del método conocido como atrición: “una reducción estructural del empleo pú- blico sería facilitado fortaleciendo la gestión de las nóminas (de empleados) para rastrear y controlar a los empleados públicos y emprendiendo un censo para identificar trabajadores ‘fantasma’ e implementando un sistema basado en la atrición”. En recursos humanos, atrición refiere al desprendimiento de determinada cantidad de empleados sin buscar reemplazo para ese puesto vacante.

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Mariano Boettner

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