La fi rma del acuerdo fi scal que regirá las relaciones fi nancieras del Estado nacional con las provincias de la semana pasada dejó, además de una reconfi guración del esquema de reparto de fondos, cinco discusiones que permanecen abiertas y que tratarán de ser resueltas en lo sucesivo. La más urgente, que incluirá esta semana encuentros entre la Nación y funcionarias provinciales, será la cobertura del défi cit de las trece cajas jubilatorias provinciales no transferidas. Con menos urgencia, se abordarán otros temas como un régimen de responsabilidad fi scal para intendentes y el revalúo rural y urbano de todas las provincias para compensar en parte la baja de Ingresos Brutos, entre otros temas. Más allá de que la versión fi nal del Consenso Fiscal dejó conformes a todas las partes, el propio texto del acuerdo preanuncia nuevos debates que se abrirán en el corto o mediano plazo. Algunos involucrarán a la Nación y los gobernadores y otros a éstos últimos con los jefes municipales. La primera cuestión que se buscará acordar será el cálculo defi nitivo por parte de Anses del dinero que debe girar a las arcas provinciales para fi nanciar el pago de jubilaciones que no se transfi rieron al sistema de liquidación nacional. Minutos después de la rúbrica en la Casa Rosada el jueves pasado, incluso, algunos ministros de hacienda provinciales se movieron hasta ofi cianas de Anses para continuar con las negociaciones sobre este punto. El Gobierno nacional se comprometió en el pacto fi scal a actualizar los $14.000 millones del presupuesto de este año en la ley de leyes del año próximo al mismo ritmo en que aumenten los haberes nacionales. Lo que no termina de defi nirse aún es la forma en que el organismo previsional calculará el monto total a girar a cada jurisdicción, para lo cual tiene que efectuar una “simulación” para la cual le faltan datos retroactivos de algunos empleados que las provincias no pueden conseguir. Esta semana volverán a encontrarse funcionarios provinciales y nacionales para continuar el debate. La segunda gran puerta que se abre será la de la readecuación a valor de mercado de terrenos urbanos y rurales. Según el investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Carlos Martí- nez, que investigó las valuaciones fi scales en todo el país, “en algunas provincias los valores de mercado aumentaron en los últimos años quince veces comparados con la recaudación del impuesto inmobiliario. Aunque se mantengan las tasas como están, actualizar los valores fi scales va a ser un impuestazo”, explicó. Según datos de la Secretaría de Hacienda, el impuesto inmobiliario representa apenas el 7% de lo que recaudan los fi scos provinciales. El control del gasto en los municipios a través de una ley propia de responsabilidad fi scal será otro tema que signará la relación entre las provincias y los intendentes. Hasta 2015, último dato consolidado disponible, las fi nanzas de los municipios eran defi citarios: el resultado fi nanciero primario fue de -$6.589 millones. Otras discusiones que surgirán tras la fi rma del pacto serán las compensaciones por los juicios cruzados que no tienen relación a repartos de fondos y la rebaja del porcentaje de coparticipación que recibirá la Ciudad de Buenos Aires.

  • Buenos Aires dejará de recibir subsidios por $75.000 millones

Aunque apareció como la gran ganadora del acuerdo fi scal, la provincia de Buenos Aires tendrá que resignar recursos que recibía del Gobierno nacional en concepto de subsidios por más de 75.000 millones de pesos, que deberá fi nanciar con la nueva masa de fondos que recibirá desde el año próximo.

Forma parte de uno de los artículos fi rmados por el Gobierno nacional y las provincias el jueves pasado. “Eliminar subsidios diferenciales para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en materia energética para el ejercicio de 2019 y en transporte para el ejercicio de 2021”.

Ese requerimiento fue uno de los que fueron planteados con mayor fi rmeza por los gobernadores opositores, que consideraban que los fondos que fue recibiendo Buenos Aires en los últimos años para subsidiar tarifas eléctricas y transporte era superior al perjuicio que sufría esa provincia por los fondos que había dejado de recibir por el Fondo del Conurbano Bonaerense, del cual las arcas bonaerense solo terminaron recibiendo un monto equivalente al 1% del total.