Conciliar grandes favores a sectores de poder, con políticas desinteresadas de su impacto en el resto de las actividades y en la población, vuelve a conducir a la economía nacional a una de sus peores depresiones de la historia. Hasta ahora, el resultado, a pesar de lo desastroso que ya se observa, ha sido parcialmente suavizado por el colosal endeudamiento externo. Con la excusa de "normalizar" la economía, las decisiones que se han tomado beneficiaron, en especial, al sector financiero, al energético y a otros rubros de empresas concesionarias de servicios públicos con estrechos vínculos con el gobierno (peajes, telefonía y grandes medios de comunicación, principalmente). Lo más grave de esas alianzas de poder no es solo la tremenda concentración de poder generada y los compromisos futuros por pago de deuda, sino también su mayor efecto colateral: la enorme destrucción de las capacidades productivas que está dejando al país en una situación aún más vulnerable y dependiente.

Los ganadores son empresas de oferta oligopólica que, por factores tecnológicos y regulatorios a nivel local e internacional, no tienen que competir con importaciones y tampoco son actividades que generen bienes o servicios exportables. Por lo tanto, el empeoramiento estructural de la competitividad local por el desfinanciamiento de la ciencia, la tecnología y la educación, el cierre de empresas y destrucción de empleos formales no altera significativamente sus planes de negocios. Y, en términos de poder, los posiciona como sectores más influyentes opacando al resto de las actividades que sí tienen que competir internacionalmente en condiciones crecientemente desfavorables.

En su lógica de acumulación, no producen estímulos para que otras actividades puedan dinamizarse. Por el contrario, operan extrayendo el excedente del resto y, para incrementar su rentabilidad, no requieren centralmente desarrollar inversiones o innovaciones de mercado como el común de las actividades. Su funcionamiento está predominantemente orientado a captar beneficios a partir de decisiones de políticas públicas, dado que los precios de lo que comercializan mayoritariamente (intereses, tarifas, comisiones o aranceles) está regulado, como en cualquier país.

El sector financiero y las empresas de servicios públicos concesionados destinan gran presupuesto al marketing

El impacto de las decisiones de política pública en favor del interés de estos grupos de poder es parasitario, siempre que no se acompañe con ningún tipo de condicionamientos en materia de inversiones, precios con referencias a estándares internacionales y costos reales, articulación con proveedores y clientes u otra medida sujeta a su comportamiento esperado en el mercado. Es por eso que en las más recientes experiencias de desarrollo capitalista (por ejemplo, Japón, Corea, Taiwán, Noruega o más recientemente en China) y en los países desarrollados hace más tiempo estas actividades existen regulaciones estratégicas de promoción integral de sus economías.

En nuestro país, el sector financiero y las empresas de servicios públicos concesionados, para captar políticas públicas que los beneficien sin condicionamientos con impacto positivo y, al mismo tiempo, sin tener que soportar críticas que podrían erosionar su capacidad de lobby, suelen destinar un gran presupuesto al marketing y campañas publicitarias que buscan mejorar su imagen frente a la sociedad y el respaldo de medios de comunicación.

Estos sectores parasitarios exprimen el excedente de la economía y no promueven la generación de mayor riqueza, la destruyen. Es por eso que los modelos económicos, dominados por estos grupos de poder a lo largo de la historia nacional (como en la última dictadura militar o la convertibilidad) y muy fuertemente en la actualidad, tienen fecha de vencimiento de corto plazo y su resultado final es desastroso para el país, más allá de que cuenten con un respaldo mediático con creciente poder para disuadir y esconder las desigualdades producidas cuando todas las políticas están articuladas para su beneficio.

De esta forma, los funcionarios del gobierno pueden salir a declarar en los grandes medios que están normalizando la economía cuando, por ejemplo, las tasas de interés superan el 60% como en ninguna parte del mundo y deben ir cambiándolas dos veces por día cuando, durante el gobierno anterior o en los primeros meses de esta gestión, era una variable que se fijaba mensualmente, mucho más en sintonía con economías "normales". O no tener que soportar intensas críticas cuando las tarifas de los servicios públicos aumentan en niveles terriblemente desproporcionados en relación a los ingresos de los trabajadores y, al mismo tiempo, empeora su calidad.

La triste realidad es que, repartiendo favores a sectores concentrados sin contrapartida que contemple el interés general, el gobierno no puede exhibir logros de su gestión económica para las grandes mayorías. Quizás de eso se trate el "crecimiento invisible", referido por Macri ante el Congreso en 2018. Lo cierto es que, a lo largo de estos 3 años y 3 meses de gestión, el resultado ha sido el bruto enriquecimiento de sectores concentrados que abusan de su poder de mercado arruinando impunemente al país.