Un simple dictamen de 64 carillas de una fiscal con trayectoria en Tribunales pero a quien nadie reconocería por la calle le infligió más daño a la imagen del Gobierno que toda la oposición y el sindicalismo juntos durante el primer tercio de su mandato, que acaba de cumplirse. Los tropezones del oficialismo a la hora de justificar y luego intentar revertir la condonación de la deuda concursal del grupo Macri por el Correo no hicieron más que exponer la matriz de la patria contratista, donde el Presidente nació y se crió. Las obscenidades de ese mundo, más tangibles para el electorado que los Panamá Papers o las transferencias offshore de Gustavo Arribas, causaron tal conmoción que el mandatario conminó a su mesa chica a deponer todas las internas y apurar el cierre de listas para no dar más ventajas de cara a octubre. 

En el empresariado y la mayor parte de la dirigencia sindical, si bien prima el rechazo al regreso de Cristina Kirchner, se mastican broncas cada vez más amargas. Las razones son bien distintas. A los hombres de negocios los alarman las arbitrariedades y cambios de reglas de juego que esta semana se pusieron de manifiesto en la enésima e inexplicable postergación de la licitación de los derechos de televisación del fútbol y en la cesión gratuita a Nextel del espacio radioeléctrico para ofrecer el servicio 4G, dos decisiones que favorecen al grupo Clarín. A los gremios, que dan por vencida la tregua tejida al calor de los fondos de las obras sociales, empieza a irritarlos la prepotencia del Ministerio de Trabajo (con episodios como el pedido de juicio político para los camaristas que fallaron a favor de La Bancaria) y las torpezas de la “reconversión productiva” oficial, que no cesa de destruir empleos. 

El conflicto de intereses en el Correo, sin embargo, no es el único ni el de mayor impacto para la economía cotidiana de este febrero caliente. El incremento de entre el 60 y el 100% de los peajes de las autopistas metropolitanas, que enfureció a los automovilistas y volvió a meter presión a la inflación, tiene un condimento especial en el Acceso Norte, administrado por Ausol: allí el mayor accionista local es SIDECO, del grupo Macri. Y según un estudio técnico que elevó el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a la Auditoría General de la Nación ( AGN) y al que tuvo acceso exclusivo BAE Negocios, la suba es completamente infundada desde el punto de vista económico. 

El expediente 8719 de la OCCOVI, que resume en 27 páginas 50 informes redactados por la interventora de Ausol, Laura Andino, asegura que Ausol cubría con creces sus costos operativos antes del incremento de los peajes y que su margen bruto de ganancia promedio (un EBITDA del 58,2%) figura entre los más altos del país. También denuncia que las pérdidas netas que declaró durante las dos décadas de concesión se originaron en maniobras como la contratación de contratistas controlados por sus mismos accionistas, con probables sobreprecios y sin licitación, y a intereses que abonó Ausol a prestamistas no identificados que la interventora también intuye vinculados a sus dueños. 

Las cifras en danza son más impactantes que las del Correo. En 19 años de concesión, según el informe, Ausol facturó u$s 1.747,6 millones y registró una pérdida de u$s 89 millones, pese a que la tarifa se fue actualizando a la par o por encima de la inflación desde 2007 y hoy casi duplica en dólares la de 2001. Por alquiler de zonas de servicio sumó otros u$s 112 millones. En las obras de expansión de los ramales bajo su concesión, sin embargo, apenas invirtió de forma directa u$s 266 millones.

Por las obras que contrató directamente con sus accionistas y con uniones transitorias de empresas (UTEs) integradas por sus accionistas, el OCCOVI comprobó que se desembolsaron u$s 473,6 millones, casi el doble de lo invertido en forma directa por el concesionario. Para pagar las deudas que Ausol contrajo para no aportar capital propio se gastaron u$s 651 millones, de los cuales u$s 322 millones fueron intereses. Así, entre las obras comprometidas en la concesión y no realizadas y la tarifa cobrada en exceso a los usuarios, la interventora estimó que el Estado debería reclamarle judicialmente a la empresa u$s 350 millones. 
 

Ausol es controlada por el consorcio español Abertis (31,5%) y tiene como socios minoritarios a la italiana Impregilo (19,8%) y a SOCMA (7%). La empresa del grupo Macri ostentaba originalmente un 23% del capital, pero redujo esa participación al 7% en 2001 a cambio de u$s 120 millones, una vez que ya se había asegurado la contratación de sus constructoras para las obras realizadas en los años 90. Impregilo, a su vez, es un grupo constructor italiano fundado en 1959 en Milán, con más de 17.000 empleados y que lleva adelante obras viales en toda Latinoamérica, pero con una particularidad: en casi todos sus negocios en Argentina aparece asociado a los Macri. Los dos de mayor envergadura son la línea de alta tensión que transporta la energía generada por Yacyretá (Yacylec S.A.), donde posee un 19%, y el consorcio Puentes del Litoral (que administra el puente Rosario-Victoria), del que controla un 26%. 


Extracto de la nota publicada el 24 de febrero de 2017 

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