Casi sobre el final del mandato de Mauricio Macri y tras la dura derrota que sufrió en las elecciones primarias, el gobierno de Donald Trump destrabó US$400 millones para financiar la mejora de las rutas nacionales 7 y 33 adjudicada mediante un contrato de Participación Público Privada ( PPP).

Se trata del corredor vial C, el cual ganó la constructora Cartellone pero por los problemas financieros que atraviesa el sector, debió sumar a la norteamericana Astris Finance para poder hacer frente a las obras.

En noviembre pasado, durante la visita del mandatario estadounidense a la Argentina en el marco del G20, la administración de Trump anunció que apoyaría el proyecto por medio de la OPIC, la agencia de inversiones de los EE.UU. En ese entonces se firmó una carta de entendimiento en el que se expresaba el interés por participar de los proyectos.

Tras los varios anuncios y arranques en falso de las PPP, ayer Ivanka Trump confirmó que la OPIC aportará US$400 millones para el corredor C.

La hija del presidente norteamericano se encuentra de gira por el país y durante su recorrida por Jujuy firmó un acuerdo con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el canciller Jorge Faurie y el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales.

También estuvo el titular de la agencia de inversiones norteamericana, David Bohigian.

"Con estos fondos se ejecutarán más del 80% de las inversiones previstas mediante el programa PPP en el Corredor C, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cordoba y Mendoza", precisó la cartera de Dietrich en un comunicado.

La llegada de financiamiento para estas obras no es un dato menor, ya que son inversiones de mangitud que en los primeros cuatro años proyectaban sumar US$1.000 millones por corredor en promedio.

El problema es que al momento en que el Gobierno pensó este esquema de licitación, el riesgo país estaba en torno a los 300 puntos y no en más de 2.000 como ahora, que vuelve inviable cualquier tipo de colocación en el mercado internacional a las empresas ganadoras.

Por otro lado, la tasa de referencia de 85% también veta el acceso a fondos provenientes de los bancos locales.

Hasta ahora, ninguno de los consorcios ganadores logró hacer algún tipo de emisión en el exterior. De hecho, se encontraban a la espera de un desembolso de US$900 millones que el BID Invest (brazo corporativo del BID) había pautado para este año e iba a repartir entre los seis corredores licitados bajo PPP. Todavía no hubo noticias, a pesar de que desde ese organismo habían aclarado a BAE Negocios que el giro podía concretarse en agosto.

Mientras tanto, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), otorgó un préstamo puente de US$100 millones también entre los seis consorcios, de manera que para cada UTE ganadora quedaban unos US$15 millones que les permitiría iniciar las tareas preliminares. Sin embargo, sólo tres corredores firmaron la entrega del dinero: el C, A y Sur. El B cuenta con financiamiento chino, y el E y F están en manos de Helport, de Eduardo Eurnekian, cuya relación con el macrismo no pasa precisamente por su mejor momento.

Cumbre en Transporte
Lo cierto es que el sector se encuentra una situación crítica por el parate total en el mercado inmobiliario ante el derrumbe del crédito y el ajuste en la obra pública que ya va por su segundo año seguido.

Las constructoras elaboraron una carta que planeaban enviar a Dietrich denunciado la demora en los pagos y reprochando la falta de reacción del Ejecutivo ante la crisis, pero en el ministerio de Transporte aducen que nunca llegó.

En la misiva, que en el Gobierno consideraron que era sólo "un borrador" y no oficial, las constructoras advirtieron que la actividad estaba al borde de la paralización total al no poder determinar los precios de los insumos, que estaba derivando en una falta de aprovisionamiento.

De ahí que el titular de la cámara que nuclea a los empresarios del rubro (Camarco), Julio Crivelli, se vio las caras la semana pasada con el funcionario para limar asperezas.

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