Los industriales enclavados en las economías regionales sumaron alertas al cuadro de situación que generó el proyecto de reforma tributaria. Las papeleras argentinas advirtieron por una fuga de inversiones a países vecinos si se pone en marcha uno de los puntos acordados por el Gobierno nacional con los gobernadores para cumplir el pacto fiscal. El beneficio de la reducción de Ingresos Brutos para las empresas quedará en el recuerdo para las empresas del sector porque las administraciones provinciales podrán aumentar hasta el tope del 7% en el Convenio Multilateral y recién en 2022 llegaría al 3%.

"Es una medida regresiva porque para lograr los beneficios de la eliminación de IIBB a las exportaciones forestales se verán perjudicadas las producciones de celulosa y papel. Esto hace inviable un negocio en cualquiera de las provincias productoras y las inversiones se van a correr a Uruguay, en donde no tienen este peso impositivo", admitió uno de los dueños de una empresa grande del norte argentino.

Dueño de una empresa, confeso votante de Macri, se sorprendió por el “ataque” al interior

Ese empresario, quien le admitió a BAE Negocios ser "orgulloso" votante de Cambiemos, se mostró "desconcertado" por el paquete de medidas tributarias que "no sólo le pone límites al federalismo sino que impulsa la concentración cada vez mayor de la población en los conurbanos porque en el interior del país nadie va a querer poner una fábrica más".

"En la reunión de la Asociación se planteó el perjuicio que implica esta medida negociada por el Gobierno Nacional con Misiones, y se decidió enviar una carta a la Unión Industrial Argentina (UIA) para que a través de esa institución se canalice el reclamo que corresponda a las autoridades del gobierno nacional", le dijo al portal misionesonline.net el presidente de AFCP y gerente de Asuntos Públicos y de la Dirección de Asuntos Institucionales y Legales de Ledesma, Claudio Terrés.

En la UIA ya apostaron todas sus fichas a su poder de lobby en el Congreso, luego de que los funcionarios del Gobierno que pasaron por la 23º Conferencia Industrial negaran cualquier tipo de posibilidad de que se modifique el proyecto enviado por la Casa Rosada.

Por caso, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina destacó la apertura de debates sobre la reforma impositiva y laboral, pero su presidente José Luis Ammaturo destacó la importancia de "evaluar la posibilidad de avanzar con acuerdos sectoriales, que permitan mejorar la productividad".

"Las pymes metalúrgicas, y el empresariado pyme en general, venimos desde hace años advirtiendo sobre la pesada mochila impositiva que impide generar mayor empleo de calidad, ser competitivos con el mundo y tener previsibilidad para invertir", recordó Ammaturo y consideró que "por eso es tan importante que se abra el debate sobre este tema, se evalúen diferentes proyectos y se escuche la voz de todos los actores involucrados".

Al respecto, el presidente de CAMIMA indicó: "Si bien no conocemos en detalle el proyecto presentado por el Gobierno nacional, destacamos que se haya abierto el debate y pedimos responsabilidad por parte de los legisladores, para aprobar una reforma que efectivamente aliviane las cargas impositivas, para que los empresarios pymes podamos invertir y aumentar la productividad".

"La actividad productiva tiene horizonte, pero hay que dar previsibilidad y crear condiciones para incentivarla. A eso deben apuntar las reformas", concluyó Ammaturo.

  • Proponen un tributo a la energía eléctrica

El CEO de la textil TN & Platex e integrante de la UIA, Teddy Karagozián, sorprendió con la propuesta de crear un nuevo impuesto que grave el uso de la energía eléctrica para solventar los gastos del sistema previsional para reducir el déficit.

“Se cobraría 10 centavos por kilowats, una medida que está relacionada con el ingreso y el gasto de cada consumidor. Los aportantes seríamos todos porque la energía no distingue de trabajadores en blanco o en negro, y dejaríamos atrás la injusticia que sólo los empleados registrados sean los que sostienen el sistema”, señaló.

Karagozián dijo que además serviría como forma de “responder al reclamo por la falta de un impuesto a los robots en las fábricas”.