La Defensoría del Pueblo bonaerense le pidió ayer a la Justicia que impida el aumento del 25% en las tarifas de electricidad que autorizó la gobernadora saliente María Eugenia Vidal para aplicar a partir del 1° de enero, cuando ya esté en el cargo Axel Kicillof.

El planteo lo formuló el defensor, Guido Lorenzino, ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, en el que pidió la nulidad de la medida.

El organismo reclamó que el incremento no tenga lugar, al considerar que la resolución que lo habilitó "es de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad y genera un grave daño a los habitantes de la provincia".

"Estamos frente a una medida que vulnera aún más los intereses económicos de los usuarios y consumidores, quienes vienen de años de sufrir tarifazos en un contexto de estancamiento de la actividad económica, de inflación y de pérdida de poder adquisitivo", sostuvo Lorenzino, exdiputado provincial por el Frente para la Victoria.

Según datos de la Undav, el servicio público de electricidad acumuló un aumento del 3.600% desde noviembre de 2015.

En esa línea, el funcionario cuestionó a las autoridades provinciales por habilitar un aumento que se aplicará cuando ya no estén en el gobierno y consideró que la decisión "responde nuevamente a la forma que tienen de analizar las tarifas como si estuvieran sometidas a las leyes de mercado, cuando en realidad se trata del pago de una contraprestación por la utilización de un servicio público esencial".

El aumento tarifario dispuesto por el gobierno contempla a los usuarios de Edelap, EDEA, EDEN, EDES, todas firmas del Grupo Desa, controlado por el empresario Rogelio Pagano, y las 200 cooperativas que operan en el interior de la provincia de Buenos Aires.

El Ejecutivo bonaerense alega que en realidad se trata de la actualización correspondiente a agosto, que en su momento había sido suspendida con fines electorales, y no de una nueva suba.