Un grupo de intendentes peronistas presentó ayer ante la justicia un amparo en contra del último incremento en la energía eléctrica, en una denuncia conjunta con el defensor del pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que en 2016 había encabezado en tribunales una acción contra el tarifazo del gas luego respaldada por la Corte Suprema. La denuncia solicita una medida cautelar para suspender las resoluciones 266 del 2018 y las 24, 25, 26 y 27 emitidas este año, al argumentar que no fueron validadas previamente por una audiencia pública, como ocurrió con los primeros aumentos implementados durante el primer año de la gestión de Cambiemos.

A diferencia de lo que ocurrió hace tres años cuando el efecto del tarifazo aún no se había reflejado en los balances, el escrito hace hincapié en las ganancias obtenidas por las empresas desde 2015 que no se reflejaron en una mejora del servicio.

En ese sentido, la denuncia advierte que las utilidades de Edenor y Edesur crecieron más de 200% en tres años, las de la transportadora Transener 1.250% y de las generadoras Pampa Energía y Central Puerto, 830% y 1.230%, respectivamente.

En todos estos casos, los propietarios u accionistas de estas empresas tienen estrechísimos vínculos con el presidente Mauricio Macri, como ser Nicky Caputo, Joe Lewis o Marcelo Mindlin.

La presentación judicial puntualiza que a pesar de que se dispararon los ingresos en todos los tramos de la cadena energética, el promedio de usuarios con cortes de luz se incrementó en diciembre pasado un 59% respecto al mismo mes de 2016, a pesar de que la demanda fue un 15% inferior y hubo temperaturas más bajas.

"No se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública, en los términos del artículo 42 de la Constitución, para definir la forma que, la Administración ahora ha dispuesto unilateralmente, se efectúa la misma", reza el amparo, que apunta especialmente contra una de las últimas resoluciones del ex ministro de Energía Javier Iguacel que incrementó el precio de la electricidad mayorista.

Para los denunciantes, con esta última suba no se respetó el criterio de "razonabilidad" que recomendó la Corte en 2016, ya que mientras las familias con hogares "electrointensivos" que en muchos casos tienen equipos ineficientes por sus bajos recursos que gastan más, acumularon un alza del servicio que llega a superar el 5.000% desde 2015, en tanto los ingresos apenas lo hicieron poco más del 100%, según compara la presentación.

En ese sentido, el amparo cita las resoluciones 24 y 25, en donde se lee que el costo incluye "no sólo los precios de energía, potencia y transporte, sino también otros costos que enfrenta la distribuidora y deben ser transferidos al usuario". "A los efectos de calcular el Cuadro Tarifario de febrero 2019 se incorporaron los conceptos pertinentes al semestre mayo/octubre 2018, los cuales fueron ajustados con los intereses correspondientes al periodo transcurrido", reconocía la resolución citada en el recurso. "Es decir que al usuario se le traslada hasta el último peso, incluyendo los intereses sobre los conceptos pendientes del anterior semestre", concluye la acción.

El amparo fue presentado en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata a cargo del juez federal Alberto Recondo, el mismo que llevó adelante el amparo contra el gas de 2016. Esperan novedades en los próximos días.

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