A pesar de la avalancha observada de automóviles importados especialmente desde Brasil, el Gobierno no endurecerá su posición frente a las terminales por considerar que se deben cuidar el empleo y la actividad comercial, dado los altos niveles de patentamientos.

Así lo revelaron en exclusiva a BAE Negocios fuentes oficiales, desde donde indicaron que a pesar del grave incumplimiento en el Flex, "ser rígidos hoy es menos ventas y menos empleo en la cadena y actividades relacionadas". Otro punto es que el esquema de garantías obligatorias (por desvío de Flex) ya fue reglamentado, aunque existe una suerte de rebelión empresarial para conformarlas.

"Las van a tener que constituir y los desvíos ya los saben todas las terminales. Cuando armen las garantías, van a importar seguramente menos", añadieron en el Gobierno.

A su vez, fuentes del Grupo Proa, del sector autopartista, afirmaron que "estamos preocupados por el desbalance creciente con las importaciones en general y con Brasil en particular, porque vemos que el flex no tiene visos de converger a los valores pactados; es decir, localizando partes. Hay que esperar que Brasil empiece a crecer más para que aumente la demanda de los vehículos".

El problemático Flex señala que por cada dólar exportado por la industria automotriz local, se podrán importar 1,5 dólares de Brasil. Como sucede en todos los segmentos de la industria, "hay automotrices que hacen bien los deberes y otras, muy mal", dijeron en el Ejecutivo.

Como el convenio da plazo hasta 2020 para equilibrar los desvíos en el Flex, el Gobierno no podrá avanzar con multas económicas pero exige un esquema gradual de compensación a las terminales. Otras fuentes autopartistas se quejaron de que las terminales "siempre pidieron seguridad jurídica, normas claras, y ahora se niegan a fijar garantías".