La primera audiencia entre los abogados del Estado argentino y los representantes legales del fondo Burford (que compró los derechos a litigar del Grupo Petersen) ordenada por la jueza Loretta Preska en el marco de la demanda por la nacionalización de YPF durante el kirchnerismo, dejó buen sabor para el Gobierno argentino.

La jueza de primera instancia del distrito sur de Manhattan tomó el pedido de la Argentina, que argumenta que el caso debe ser trasladado a los tribunales de nuestro país debido a que ya existe un juicio en curso con numerosas medidas de pruebas, iniciado por una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió y a cargo del juez federal Ariel Lijo, en el que se investiga un supuesto fraude en la compra de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en 2008.

Tras una audiencia que se extendió por poco más de una hora, Preska decidió ayer dar unos días para que las partes presenten sus fundamentos sobre lo que la ley estadounidense denomina "forum non conveniens". Así, el Estado argentino deberá argumentar por escrito por qué no es conveniente que esta demanda prosiga en la Justicia de Nueva York y Burford por qué sí lo es.

"Se reconoce la competencia de Preska, pero ella misma va a analizar si otro magistrado puede hacer mejor el trabajo. El forum non conveniens es uno de nuestros argumentos centrales y la jueza lo va a analizar. Las partes van a contestarme sobre la cuestión con presentaciones, habrá un ida y vuelta y en unos días definirá qué hacer", señalaron fuentes oficiales.

En resumen, destacaron, el primer careo fue positivo para nuestro país: "lo bueno es que se trató el tema de la Argentina y no se trató lo de juicio abreviado", que era el pedido que llevaba Burford.

Ahora los representantes legales de nuestro país -encabezados por el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías- tendrán la posibilidad de presentar nuevos argumentos para fortalecer su postura. Así, el Gobierno continúa ganando tiempo, en medio de un escenario electoral en el que pelea voto a voto con el kirchnerismo.

El lunes la Argentina había presentado un escrito ante Preska en que afirmaba que el acuerdo entre Repsol y el Grupo Petersen por la compra de acciones de la petrolera entre 2008 y 2011 es de "naturaleza impropia" y causó daño al Estado y al pueblo argentino.

El Gobierno sostiene que Petersen es una empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos "que entró en un conjunto muy dudoso de acuerdos evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF", por lo que "deberían ser anulados ab initio".

Ayer fue el primer cara a cara entre Argentina, el fondo Burford y la jueza Loretta Preska

El pedido de nuestro país de trasladar el juicio a los tribunales argentinos ya fue rechazado a fines de junio por la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.

Desde 2015 Burford lleva adelante una demanda contra el Estado argentino por supuesto incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación del 51% de las acciones de la compañia durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2012.

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Eugenia Baliño

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