La Justicia de Estados Unidos decidió suspender ayer el juicio por la expropiación de YPF hasta que se sepa quién será el próximo presidente y se defina la estrategia que llevará adelante el nuevo Gobierno nacional.

La jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, pospuso las presentaciones del Fondo Burford y de la Argentina sobre el caso YPF-Petersen hasta que "haya una idea más clara de qué administración tendrá el poder".

"A la luz de las próximas elecciones en la República Argentina, la Corte aplaza las fechas de información sobre la moción para destituir por foro no conveniente hasta que haya una idea más clara de qué administración tendrá el poder de hablar por la República", reza la orden emitida por la magistrada

Preska determinó la extensión hasta el 7 de diciembre del plazo para que Petersen Energía Inversore y Eton Park capital Management presenten los documentos en contra del reclamo argentino de modificar la jurisdicción de la demanda; y prorrogó al 7 de enero de 2020 la fecha límite para que la Argentina refuerce su posición.

En julio la jueza Preska había decidido aceptar analizar el pedido de la Argentina, que argumenta que el caso debe ser trasladado a los tribunales de nuestro país debido a que ya existe un juicio en curso con numerosas medidas de pruebas, iniciado por una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió y a cargo del juez federal Ariel Lijo, en el que se investiga un supuesto fraude en la compra de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en 2008.

En ese momento, la determinación de la magistrada representó un revés para el fondo Burford, que esperaba que la argumentación argentina fuera desestimada.

Preska había establecido que la Argentina debía presentar sus argumentos para fundar el forum non conveniens (FNC) el 30 de agosto y que los demandantes tenían plazo para contestar hasta el 30 de octubre. Luego de eso, la Argentina tenía tiempo hasta el 30 de noviembre para dar su respuesta final.

Desde 2015 Burford lleva adelante una demanda contra el Estado argentino por supuesto incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación del 51% de las acciones de la compañia durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2012.

Desde el Gobierno consideraban como "inédita" la decisión de Preska de aplazar los tiempos hasta pasadas las elecciones.

Según sostuvieron fuentes oficiales a la agencia Télam, la extensión de los plazos por parte de la magistrada se realizó con "un fundamento poco afortunado".

"Es un mensaje muy duro políticamente hablando", afirmaron. Además resaltaron que la Argentina "no puede consentir que se confunda Estado con Gobierno".

"El Estado es uno y no puede inmiscuirse el juez en la política argentina", afirmó la fuente oficial, que hizo hincapié en que Preska "es una jueza que conoce la situación argentina porque es quien heredó todos los juicios del juez Griessa".

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